Es la corrupción moral de la izquierda

SeSe daba por hecha una vez que la Fiscalía había señalado las sospechas y los indicios sobre su conducta y había respaldado la investigación. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado la imputación de la vicepresidenta de la región, Mónica Oltra, por encubrir desde su alta responsabilidad como consejera del gobierno de coalición los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. El pasado 1 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, lo solicitaba en el marco de la causa iniciada tras una querella que acumula ya un total de 13 investigados entre funcionarios y otros cargos dependientes de Oltra. Los magistrados fundamentan su acuerdo de forma explícita en «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la Sra. Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja, el Sr. Ramírez Icardi, o bien proteger la carrera política de la aforada». Estamos ante un episodio sobre presuntas actuaciones de enorme gravedad y de honda repugnancia por la degradación política y humana que supone no solo encubrir excesos aborrecibles, sino también hacerlo a costa de la salud física y psicológica, y la integridad de la menor en una espuria utilización de la magistratura y las instituciones. Obviamente, como siempre hemos mantenido desde estas páginas, la dirigente de Compromís Compromís tiene derecho a la presunción de inocencia, pero esa reserva se queda ahí y no puede alterar ni relativizar el alcance y la dimensión de procederes turbios propios de cloacas políticas. Sus ataques a los tribunales y a la Fiscalía, el cambio de sus versiones sobre los hechos, su grotesco intento de agitar el fantasmón de la ultraderecha, su cuestionamiento de la democracia en función de la suerte del proceso, su nula empatía con la víctima, conforman una lastimosa estrategia, azorada entre la soberbia y la angustia. Oltra debe dimitir o ser destituida por el presidente Ximo Puig. Atrincherarse en el cargo público degrada a las instituciones y al gobierno valenciano a ojos de una ciudadanía atónita por el espectáculo de una izquierda instalada en la altanería y la ejemplaridad más impostada por un escándalo que asquea. La onda expansiva del «caso Oltra» ya ha causado un serio desgaste a los partidos afectados. Los estragos para los socialistas no serán menores mientras Ximo Puig siga de perfil y no corte por lo sano con una vicepresidenta imputada que no reconoce de facto la autoridad ni la legitimidad de la Justicia, a la que ataca con gruesas palabras y peores modos. Veremos cuál es la capacidad de resistencia de unos y otros, de si todos están dispuestos a asumir la suerte de la encausada, incluido el movimiento de Yolanda Díaz, en el que Oltra es un puntal. La Comunidad Valenciana y sus gentes no se merecen a esta izquierda con el timbre de la corrupción moral, que es la más abominable de todas.