Firmeza democrática de la vicepresidenta europea
LaLa vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, ha recordado en su reciente visita a España que es urgente renovar el CGPJ y que es igualmente necesario estudiar la reforma del sistema de elección de los vocales judicial es del CGPJ (12 de sus 20 incorporarlos estándar es recomendados por el Consejo de Europa. Según esos estándares, al menos la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser jueces elegidos por los jueces, como forma de frenar cualquier posible injerencia de los otros poderes (legislativo y ejecutivo) en el judicial.
No hay en esto nada novedoso. En su Informe sobre el Estado de Derecho en España de 2021 identificaba la Comisión ambos factores como necesarios para superar el principal desafío al que se enfrenta nuestra justicia: la percepción de falta de independencia del Poder Judicial que tiene la ciudadanía. Aunque esa percepción no se corresponde con la realidad, amenaza con minar la confianza ciudadana en el sistema judicial. Las asociacionespor otra parte, venimos reclamando ambas cosas desde hace años, la última vez en un comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2021.
Sin embargo, en el discurso de la vicepresidenta de la Comisión hay un tercer elemento que ha pasado bastante desapercibido. Vera Jourova ha dicho también que espera alentar con su visita un acuerdo político para desbloquear la renovación del CGPJ mediante una solución duradera y lo más neutral e independiente posible, no politizada. Esta referencia a la neutralidad de la solución tiene que ver, lógicamente, con el sistema de elección de los vocales que pueda acordarse en el proceso de reforma de la ley actualmente vigente. Pero también es relevante – y este es el matiz que ha pasado desapercibido – para el proceso de renovación actualmente en curso.
De nada sirve renovar el CGPJ si, como ha sucedido hasta ahora: 1º) el nombramiento de los nuevos vocales no se hace por el Congreso de los Diputados y el Senado sino por el el principal partido de la oposición, en un acuerdo extra parlamentario que los representantes de la soberanía popular se limitan a ratificar con su voto, degradando su función y, de paso, la calidad de nuestra democracia; 2º) los nombramientos se hacen mediante un reparto aritmético de vocalías entre el PSOE y el P P, en función del número de escaños que cada uno tiene en el parlamento, de manera que uno y otro partido nombran con libertad a quienes desean hasta el número que les corresponde, sin importar los méritos del candidato elegido; 3 º) el acuerdo extra parlamentario incluye el nombre del presidente del CGPJ, quien debe ser elegido, según la Constitución, por los propios vocales del órgano, a quienes se hurta de este modo una de sus principales competencias constitucionales.
Mantener estas prácticas viciadas en la renovación del CGPJ una vez más no ayudaría a reducir la percepción de politización que la ciudadanía española tiene sobre nuestra justicia. Al contrario, contribuiría a acentuarla, como de hecho ha sucedido cada vez que, desde 1985 – año en que se introdujo el sistema actual -, ha debido renovarse el CGPJ. Un del enorme deterioro institucional que causan estos modos de hacer a los que nuestros dirigentes nos tienen acostumbrados lo encontramos en las últimas designaciones de magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo proceso de nombramiento alcanzó cotas de bochorno difícilmente tolerables.
Renovación urgente del CGPJ, transparencia y respeto al mérito en la elección de los nuevos vocales e irrevocable compromiso de reforma del sistema actual para acomodarlo a las exigencias europeas: en estas tres ideas venimos insistiendo desde hace tiempo en la Asociación Francisco de Vitoria. Como portavoz nacional de la misma, en septiembre de 2021 tuve la oportunidad de trasladar personalmente estos criterios al Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Y en el último mes he insistido en la importancia de atenerse a ellos ante los responsables del PP y del PSOE en esta materia.
El contexto político español es complicado. El diseño institucional de nuestra Constitución se ha visto sometido en estos años a fuertes tensiones que no siempre se han mantenido dentro de los cauces del debate político en una sociedad democrática. Cualquier posibilidad de superar estas dificultades, en el sentido que libremente decida el pueblo español, pasa por creer de verdad en la democracia, lo cual exige a su vez respetar de manera firme el Estado de Derecho. Es imprescindible restablecer el prestigio de nuestras instituciones, sobretodo las que son esenciales para el equilibrio entre poderes, como el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces no puede ser el lugar en el que colocar a los afines, o a aquellos de quienes se espera lealtad inquebrantable. Firmeza en nuestras convicciones democráticas, nada más y nada menos, es lo que la vicepresidenta Jourova nos está reclamando con sus palabras.