Un apoyo en cuestión
ElEl día 6 de julio es el día D, con hora H incluida, para Mónica Oltra, la vicepresidenta del Govern valenciano y una pieza importante en el puzle que está componiendo Yolanda Díaz. Ese día tiene que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia. El motivo, si impulsó un expediente para proteger a su expareja y su propia carrera política para, supuestamente, encubrir un caso de abusos a una menor tutelada. Luis Ramírez Icardi, su expareja, fue condenado a cinco años por este caso en 2019. En aquel momento, la consejería no estaba implicada, pero con el auto del TSJV cambia el cariz del caso. Ya no es un proceso de abusos sexuales, sino que se trata de verificar el papel de la conselleria, y de la consellera. Un dato, la fiscalía atribuye a la vicepresidenta los delitos de abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, a la vez que prevaricación por dar la orden de abrir un expediente para entorpecer el proceso judicial del acusado y salvaguardar a la conselleria. Sobre este punto, el auto reconoce que no hay pruebas concluyentes sobre la implicación de Oltra, pero sí indicios razonables.
El presidente Ximo Puig ha sido cauto. Respeto a la justicia, que «se esclarezca y que finalmente se tome la decisión que sea más justa» y que la estabilidad de su gobierno no está en cuestión. Podría decirse tras las palabras del presidente valenciano que su apoyo a su número dos se ha aguado. En las filas del PSPV el malestar ha ido en aumento ha medida que se conocían detalles de la investigación y ayer explotaron. Solo la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, dijo que Oltra debería dimitir. Nadie más, pero en las bambalinas del gobierno, y sobre todo del Partido Socialista, se está poniendo en tela de juicio su continuidad. Ayer, la líder del partido obtuvo el cierre de filas de su partido. La pregunta ahora es hasta cuándo lo mantendrá. El silencio de Yolanda Díaz es ensordecedor. Estaba la vicepresidenta en Bruselas en una reunión de ministros de Trabajo y casualidades de la vida no hubo oportunidad para preguntarle. La cuestión que está sobre la mesa no es baladí. Es obligación de la administración proteger a las víctimas y no a los verdugos, y más en un tema, como el acoso sexual, en el que la izquierda siempre ha levantado una bandera en defensa de las perjudicadas. Este caso hace saltar todo por los aires si el tribunal da pábulo a lo que hasta ahora muestra como indicios razonables.
El problema además de judicial es ético y moral, con repercusiones políticas evidentes a un año de las elecciones. De su resolución, política que no judicial, dependerá como se afrontarán las próximas elecciones. La oposición ha pedido reiteradamente la dimisión de Oltra, que siempre se ha defendido de forma lapidaria con su «no voy a dimitir». Hasta ahora el PSPV y el presidente Puig, junto a Compromís, le han dado un apoyo sin fisuras. Ahora ya no está tan claro porque el auto del Tribunal pone luz en demasiadas sombras. Si realmente la conselleria puso en marcha una investigación paralela para entorpecer la judicial estamos ante una actuación que la izquierda, así en general, no se puede permitir porque desmonta su nudo gordiano.
Quedan apenas 20 días para que Mónica Oltra se persone ante el tribunal. Serán 20 días de muchas tribulaciones porque el voltaje de la situación aumentará por momentos y el cierre de filas que hasta ahora había mostrado el Pacte del Botànic ha dejado de ser consistente. Incluso, en Compromís, el partido de Oltra, el malestar es evidente, sobre todo en los sectores que siempre han sido críticos con la vicepresidenta. Ximo Puig sabe que ha llegado la hora de la verdad, y seguro que el presidente valenciano moverá sus piezas. Que su consejera de Justicia haya sido tan clara pidiendo la dimisión de Oltra no es una casualidad. Sin duda alguna.
El silencio de Yolanda Díaz sobre este asunto es ensordecedor
Es obligación de la administración proteger a las víctimas