El TJUE avala dejar sin escaño a Junqueras Mirentxu Arroqui.
► El abogado general concluye que la Eurocámara no podía pronunciarse en contra de la Junta Electoral
La justicia europea ha avalado la decisión de la Junta Electoral Central de dejar vacante el escaño de Oriol Junqueras en el Parlamento Europeo. El ex vicepresidente de la Generalitat fue condenado por el Tribunal Supremo en 2019 a una pena de 13 años de prisión y a otros tanto de inhabilitación absoluta, lo que supone la privación para ejercer cargos públicos, incluidos los electivos, por su papel en el «procés». La Junta Electoral Central tomó esta decisión ya que Junqueras no obtuvo permiso para poder prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
En la sesión plenaria de 31 de enero de 2020, el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, recomendó dejar vacante el escaño de Junqueras y éste decidió recurrir ante el Tribunal General europeo, que desestimó el recurso.
Tras este revés, el equipo de abogados del político independentista decidió recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima autoridad en la interpretación del derecho comunitario. Aunque la sentencia del alto tribunal europeo todavía no se ha notificado, las conclusiones del abogado general, conocidas ayer, suelen anticipar en la gran mayoría de los casos el fallo definitivo. Y en ese texto, Maciej Szpunar vuelve a desestimar este recurso al alegar que« la elegibilidad forma parte del procedimiento electoral regulado por el Derecho de los Estados miembros, de modo que el Parlamento no tiene competencia para controlar las decisiones nacionales por lasque se declara la pérdida de la elegibilidad y que entrañan, por consiguiente, la anulación del mandato».
En el caso de Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, huidos antes de poder ser juzgados por las autoridades españolas, la justicia europea concluyó que su inmunidad derivada de su condición de eurodiputados fue adquirida desde el primer momento en el que fueron elegidos como representantes públicos en las elecciones europeas tras la proclamación de los resultados, sin que fuera necesario que cumplieran los requisitos de la normativa española. Ninguno de los tres políticos independentistas ha sido inhabilitado para cargo público ya que no han podido todavía ser juzgados, lo que les ha permitido haber ocupado sus respectivos escaños en la Eurocámara sin problemas. La justicia europea debe pronunciarse ahora sobre el alcance de las órdenes de entrega europeas que pesan sobre ellos. Si el alto tribunal europeo se pronuncia a favor de las tesis del Tribunal Supremo, el proceso volverá a la casilla de salida de los tribunales belgas. Se espera que el 14 de julio, el abogado general emita sus conclusiones sobre este caso.
La justicia belga desestimó la entrega del exconseller Lluís Puig, al considerar que el Supremo no era competente para realizar esta petición y, en consecuencia, el magistrado Pablo Llarena pidió a Luxemburgo que aclarase esta situación antes de reactivar las OEDE.