El Gobierno admite que no vigila la aplicación del 25 % de castellano
► La Alta Inspección Educativa reconoce ante el TSJC que incumpliría un decreto del TC si inspeccionara cada centro
El TC señala que estas inspecciones son competencia de las comunidades autónomas El TSJC constató a principios de mayo que la Generalitat no estaba implantando la sentencia
LaLa Alta Inspección Educativa, que depende del Gobierno, respondió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) que con su competencia puede verificar el cumplimiento de la ejecución del 25% de castellano en todos los centros educativos de Cataluña requiriendo información y documentación, pero que no puede visitar centro a centro, ya que incumpliría incumpliría un mandato del Tribunal Constitucional (TC).
Esta es la respuesta que dio la Inspección en la sección 5.ª de la sala contencioso-administrativa del TSJC, que el 9 de mayo pasado ordenó la ejecución forzosa de su resolución -a petición de la Asaminformación blea Escuela Bilingüe (AEB) al considerarla parte de forma excepcionaly excepcionaly al mismo tiempo requería al Alta Inspección Educativa «a los efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia (que dictó en 2020) en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado».
En concreto, la Inspección de Educación expone la doctrina del TC recogida en una sentencia del 2018 que afirma: “Por eso, la autonomía de las comunidades autónomas impide como regla general una regulación legal de controles administrativos diferentes: exige, en principio, que las actuaciones de la Administración autonómica no sean controladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez y eficacia de estas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos. Por eso, el poder de vigilancia no puede colocar a las comunidades autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado.”
El TSJC constató a principios de mayo que la Generalitat no estaba implantando de forma voluntaria el 25% de castellano en todas las escuelas. Los magistrados abrieron entonces el trámite de la ejecución forzosa de la sentencia, es decir, obligar al Govern a implantar el 25%. Además instaron a la Alta Inspección de Educación a que vigilara el cumplimiento del fallo, y que informara al tribunal «de la actividad desplegada» por el Govern para ejecutar la sentencia.
La directora de la Alta Inspección en Cataluña responde a los jueces que para cumplir con su requerimiento solicitó «toda la
y documentación conveniente» al Govern. Se trata de los mismos documentos que el propio departamento de Educación ya presentó al TSJC para argumentar que había una «imposibilidad legal» de cumplir con el fallo: el nuevo decreto educativo y las instrucciones y encuestas enviadas a los centros que, según el Govern, garantizan el dominio oral y escrito de ambas lenguas. La AEB instó al TSJC a que «deduzca testimonio de particulares ante la sala de lo Civil y Penal para exigir la responsabilidad penal del conseller de Educación, Josep González-Cambray»
por presuntamente no cumplir con la orden del 25% de castellano en las escuelas. La entidad considera que hay «indicios de desobediencia y prevaricación» en la actuación del conseller.
Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana presentaron una denuncia contra GonzàlezCambray por presuntamente «desobedecer» y no aplicar la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano. El TSJC dictaminó que la magistrada Maria Eugenia Alegret debe analizar la denuncia y esperar el informe de Fiscalía.