España vulneró los derechos de menores que devolvió a Marruecos
► El TSJ de Andalucía concluye que Interior no protegió a los menores en Ceuta en agosto de 2021
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que España vulneró los derechos de los menores cuando comenzó a repatriarlos a Marruecos en agosto de 2021 tras una de las mayores crisis migratorias vividas en Ceuta. Miles de personas atravesaron laa frontera en un solo día en medio de la tensión con el reino marroquí porque el Gobierno había acogido al líder del
Frente Polisario Brahim Ghali al estar enfermo de Covid. La respuesta del Ministerio del Interior, censurada ahora por este tribunal, consistió en devolver a cientos de migrantes a los que, semanas más tarde, incluyó a menores sin previos informes individualizados como requiere la ley de extranjería. Dicen los magistrados que no se garantizó la integridad física de los pequeños.
«La actuación de la Administración, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los MENAs [menores no acompañados] afectados por las medidas de devolución», señala la sentencia del TSJ. Esta es la segunda instancia que se pronuncia porque ya el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta aseveró lo mismo. La Delegación de Gobierno de la ciudad autónoma recurrió entonces, pero la Justicia ha dado la razón a las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces que consiguieron paralizar estas devoluciones ese verano sin que se llegara a completar el plan para entregar a unos 80 niños.
El fallo con fecha del 23 de junio se refiere a 20 pequeños que sin ningún adulto cruzaron la frontera del Tarajal, abierta por Marruecos en mayo de 2021. Fueron acogidos por el área de infancia, se alojaron primero en naves del Polígono industrial del Tarajal y luego en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia. «El carácter súbito y masivo e ilegal de la entrada en Ceuta en la primera del pasado año de miles de ciudadanos del Reino de Marruecos en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley», señalan los jueces. De las más de 10.000 personas que en mayo de ese año entraron a nado o a través de las vallas en la ciudad autónoma se contabilizó un 10% de menores de edad solos. Meses después la Delegación del Gobierno y el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska pactó con Marruecos entregar a los pequeños sin contar que la Ley española que los pone a cargo de la Fiscalía expone expresamente que se debe valorar caso a caso. «La actuación material, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo para la integridad físcia y moral», aclaran los togados.
El argumento que defendía la ciudad autónoma -cuya defensa corre a cargo de la Abogacía del Estado- era que el primer juzgado que les había condenado obviaba «toda referencia a las circunstancias extraordinarias y especiales que rodean al caso relacionadas con la entrada masiva en Ceuta de ciudadanos de Marruecos los días 17 y 18 de mayo». Y sostiene en los acuerdos entre Rabat y el Gobierno las bases para esta operación de regreso.
Ninguno de los argumentos acogen los jueces de lo contencioso. «La Delegación del Gobierno en Ceuta, además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado, omitió todos los trámites y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación», escriben. Gracias al trabajo de las ONG allí se conoció que los pequeños estaban siendo devueltos sin ninguna garantía y sin que el Ministerio Público estuviera al tanto.
Este era uno de los flecos judiciales que quedaban por cerrar en torno a la gravísimas crisis migratoria que vivió España en 2021. El enfado de Marruecos por la acción humanitaria de acoger a Ghali gestó una respuesta sin precedentes al dejar que las fronteras se abrieran sin control. El Ejército tuvo que desplegarse en la ciudad autónoma y tuvieron que habilitarse de urgencia recursos de todo tipo para poder atender a los recién llegados. Las relaciones entre el país vecino y el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se resintieron notablemente y el presidente relevó del cargo a la ministra de Exteriores entonces Arantxa González Laya cuando reformó el Gobierno meses después. El cambio de rumbo ha sido drástico después de que Sánchez decidiera, sin consultar a la oposoción, reconocer que el Sáhara Occidental -la gran lucha del Frente Polisario- pertenecía a Marruecos.
10% de las 10.000 personas que entraron en Ceuta eran menores de edad sin un adulto 20 niños fueron repatriados a Marruecos sin que mediaran análisis individualizados