El Supremo tumba el plan de Biden contra el cambio climático
El fallo del Alto Tribunal reduce el poder de la EPA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos
ElTribunalSupremodeElTribunalSupremode Estados Unidos volvió a truncar los planes de la agenda del presidente Biden. La corte falló ayer contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles), limitando sus competencias para reducir las emisiones de dióxido carbono, lo que de facto aborta el plan del presidente de convertir este ente federal en el brazo ejecutor de su política contra el cambio climático. Apenas una semana después de la sentencia en la que anuló la doctrina del caso Roe vs Wade, y con ella el derecho constitucional al aborto en el país, el más Alto Tribunal propinó otro revés a la agenda demócrata.
En su sentencia sobre el caso Virginia Occidental contra la EPA el Supremo recorta el poder de la agencia para imponer reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero a las plantas de carbón del país. En el fallo, redactado por el juez John G. Roberts, el Tribunal concluye que «limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligará a una transición para alejar a todo el país del uso del carbón para generar electricidad podría ser una solución “sensible” para la crisis del momento, pero no es plausible que el Congreso le haya dado a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta tal esquema regulatorio».
La sentencia supondrá una traba difícil de superar para los planes ambientales de Biden y devuelve la batalla al Congreso, donde los republicanos cuentan con votos para bloquear iniciativas en el Senado y ya han mostrado lo poco que les convence la lucha contra el cambio climático que abandera Biden.
El objetivo de Biden de que toda la energía nacional provenga de fuentes limpias en 2035 y tener una economía neutra en emisiones en 2050 parecen ahora más en entredicho que nunca. Y eso que los ambiciosos planes de Biden, que quiere convertir a Estados Unidos en ejemplo mundial en la lucha contra el cambio climático, ya habían recibido críticas por falta de realismo y concreción.
La Casa Blanca no ocultó su malestar por la nueva decisión del Supremo. Su portavoz Abdullah Hasan la describió en un comunicado como «otra decisión desoladora del Tribunal que busca hacer retroceder a nuestro país». Añadió que el presidente «no cejará en usar los poderes que tiene bajo la ley para proteger la salud pública y atajar la crisis del cambio climático». La Administración Biden ya busca vías legales para materializar a través de organismos federales los planes del presidente después, pero la sentencia estrecha aún más las vías y devuelve la batalla al Legislativo, justo lo que Biden ha intentado evitar. «El Congreso debe actuar para acelerar el rumbo de América hacia un futuro energético limpio, saludable y seguro», reclamó la Casa Blanca.
De momento, los republicanos en el Congreso hacen oídos sordos a las demandas de Biden y los colectivos ecologistas, por más que California arda todos los veranos y a estados como Florida o Luisiana los amenace ya la subida del nivel del mar, por citar solo dos efectos que los científicos atribuyen al calentamiento global.
El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, mostró su satisfacción. «El Tribunal ha anulado las regulaciones ilegales emitidas por la EPA sin ninguna autorización clara del Congreso y ha confirmado que solo los representantes del Pueblo en él, y no burócratas a los que nadie elige y no rinden cuentas, pueden escribir las leyes de nuestra nación». El fallo confirma la nueva tendencia del Supremo desde que los jueces de orientación conservadora son mayoría en él, lo que se ha convertido en un problema enervante para Biden y los demócratas, especialmente indignados por la última decisión sobre el aborto. La decisión contra la EPA podría además tener consecuencias globales. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo por detrás de China, y la derrota del Gobierno en el pulso que desde hace años libra contra la industria del carbón y los Estados republicanos puede suponer un lastre.