Un Gobierno en rebeldía contra Bruselas
Opinión
LosLos máximos representantes orgánicos del poder judicial, reunidos en Vigo en mayo pasado, afirmaron que no puede convertirse el órgano de gobierno de jueces y magistrados en una institución sin capacidad de cumplir el mandato constitucional de proveer las vacantes judiciales para evitar el colapso de la justicia.
En estas jornadas se puso de manifiesto que las competencias del CGPJ en funciones han de aproximarse a las propias de un consejo con mandato vigente, estando justificadas sus limitaciones únicamente en la medida en que afecten a decisiones de gobierno judicial o de política judicial que condicionen o comprometan las decisiones del nuevo consejo y dificulten o impidan su revocación por este.
Por eso, el nombramiento de las vacantes judiciales es una obligación constitucional que el Gobierno se empeña en desconocer, haciendo reformas y contrarreformas de la LOPJ, con la única finalidad de ir intentando salir de los embrollos jurídicos en que van cayendo ellos mismos por falta respeto a la calidad democrática y a la separación de poderes.
La política judicial del Gobierno preocupa cada vez más a Bruselas, que no dudará en aplicar el mecanismo de condicionalidad, avalado por el Tribunal de Justicia europeo, que pone en peligro el reparto de fondos de recuperación, si se sanciona a España por poner en peligro el Estado de Derecho.
Ahora, el Gobierno ha anunciado una nueva reforma para permitir al CGPJ efectuar nombramientos únicamente para la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, tras haber tenido que echar marcha atrás a su pretensión de nombrar los dos magistrados que corresponden al Gobierno, vulnerando lo dispuesto en el artículo 159.3 de la Constitución, que establece que los magistrados serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
Esta contrarreforma ha provocado un escrito por parte de vocales del CGPJ denunciando que el gobierno ha incumplido de nuevo la recomendación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo que impone que, cuando la proposición de Ley se refiera a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye oír al CGPJ, y así se le ha recordado a España en sendas comunicaciones del portavoz de Justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020.
A esta contrarreforma ha de unirse un nuevo cambio de criterio por parte del gobierno, que consiste en poner un plazo al CGPJ para efectuar el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, que quieren evitar el debate en el órgano de los jueces. De nuevo estamos ante el “ordeno y mando” propio de estados autoritarios.
El Gobierno debe rectificar, debe oír al poder judicial, retirar sus reformas y contrarreformas y avenirse a aceptar que no puede privar de las funciones constitucionales a un poder del Estado, por muchos deseos que tenga de ocupar el Tribunal Constitucional. El Gobierno de España no puede estar en rebeldía contra Bruselas al provocar un debilitamiento de nuestro Estado de Derecho.