La «zuba» de ETA dio la orden de matar a Miguel Ángel Blanco
► La Guardia Civil concluye que el comando asesinó siguiendo las órdenes de cuatro jefes etarras
LaLa Jefatura de Información de la Guardia Civil ha concluido que se puede perseguir a cuatro miembros de la cúpula de ETA por el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Así lo expone en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ha reabierto el caso para intentar llegar más arriba de aquellos que ya fueron condenados por perpetrar el ataque directamente: «Las acciones terroristas que eran llevadas a cabo por los comandos armados de ETA no eran sino el reflejo de la estrategia diseñada en el seno del Comité Ejecutivo». La acción terrorista pudo ser evitada por los dirigentes de la organización, como apuntó la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en su querella, así que el hecho de no haberlo parado es motivo para continuar contra ellos, dicen los agentes.
El informe con fecha del pasado 20 de junio al que ha tenido acceso LA RAZÓN se han analizado diferentes actas del Comité Ejecutivo y se expone cómo se componían los comandos. «Era de este reducido núcleo decisorio de donde emanaban las instrucciones sobre qué acciones terroristas había que cometer en cada momento, en función de la estrategia elegida». Tal y como adelantó este periódico, los agentes señalan a José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», y María Soledad Iparraguirre, «Anboto». El asesinato del concejal «no pudo ser una acción terrorista cuya materialización decidiesen de forma individual o de los integrantes de un comando de acción de ETA, en este caso el comando Donosti, sino que respondió a una acción cualificada con un marcado valor estratégico para ETA y cuya ideación, planificación y decisión sobre su resolución final debió necesariamente ser tomada y ordenada” por el «Comité ejecutivo de ETA», apuntan.
Para entender lo que sucedió con el concejal del PP en Vizcaya Miguel Ángel Blanco dicen los agentes que hay que remontarse a 1992 cuando un golpe policial detuvo a la cúpula terrorista en Bidart (Francia) y el grupo tardó varios años en recuperarse. Reorientaron la lucha, para ir a por objetivos más concretos y políticos. «Los primeros hitos de esta escalada fueron los asesinatos del sargento mayor de la Ertzaintza D. Joseba Goicochea y del concejal del Partido Popular en San Sebastián D. Gregorio Ordoñez», marca la Guardia Civil. Y en este contexto se decidió el secuestro del concejal bajo la amenaza de asesinarlo en 48 horas.
De igual forma que expuso el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez en la querella por la que el juez Manuel García Castellón reabrió este caso hace unos meses, los agentes consideran que existe responsabilidad de los cabecillas de la organización no solo activa, sino pasiva, es decir que no hicieron nada por parar el asesinato. «Se trata de la también posible responsabilidad en la acción de los integrantes del Comité ejecutivo de ETA por la omisión por parte de los mismos de llevar a cabo los actos necesarios que estaban en su mano [...] de cara a evitar el resultado final del secuestro», revela el informe.
Al ser ETA una organización tan jerarquizada los integrantes estaban bajo la «sumisión» de la cúpula que era la que tenía «el pleno dominio sobre el modo de proceder». Ya la Ertzaintza aportó otro informe en el que identificaban a «Kantauri» como el jefe de ETA que dio la orden de ejecutar al concejal y dejó la puerta abierta a la participación de más miembros.
Ahora el juez Manuel García Castellón debe dar los siguientes pasos para saber si procesa a la cúpula por la figura de la comisión por omisión. Dignidad y Justicia ha introducido este concepto en diversas querellas presentadas en los últimos meses en la Audiencia Nacional que están reabriendo casos sobre los que no hay ningún tipo de jurisprudencia similar.