Fondo de rescate: agrado estatal vs. malestar empresarial
► Sólo se ha usado un tercio de los 10.000 millones. Las compañías se quejan de sus exigentes requisitos y el Gobierno alega fortaleza de las firmas
CasiCasi dos años después de su creación, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ha echado de manera definitiva la persiana. Dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, la herramienta ideada por el Ministerio de Hacienda para dar soporte a empresas asfixiadas de caja por la pandemia pero viables ha repartido finalmente 3.255,6 millones de euros en ayudas a treinta compañías desde que se puso en marcha en julio de 2020, lo que supone un 32,6% de los fondos con los que estaba dotado. Para los críticos, una cantidad baja que pone de manifiesto problemas para canalizar los fondos por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de gestionarlo. Para la empresa pública, sin embargo, que haya tenido que repartir tan «poco» dinero es síntoma de que las empresas resistieron mejor de los esperado la pandemia.
Desde la SEPI defienden que, cuando se anunció la dotación del fondo, fueron muchos los que aseguraron que 10.000 millones serían insuficientes para salvar a las empresas españolas del tsunami que vino con la pandemia. En otros países, decían, sólo las aerolíneas pidieron ayudas por valor de 2.500 millones, lo que hacía presuponer a los más pesimistas que la cantidad se quedaría corta. «Pero al final, han sido suficientes. Sólo se han solicitado 5.340 millones de euros», dicen desde la sociedad pública. Y eso, añaden, demuestra que el tejido empresarial ha resistido mejor de lo que cabía esperar sin necesidad de recurrir a dinero público.
El «caso Plus Ultra»
Las cosas, sin embargo, no se ven con el mismo prisma desde el lado empresarial. Y señalan un evento que, según ellos, supuso un antes y un después en el reparto de las ayudas: el polémico rescate de Plus Ultra. La aerolínea, de la que pocos habían oído hablar antes de la pandemia, recibió 53 millones del fondo a principios de marzo de 2021. Un rescate que desató una fuerte tormenta política con duras críticas de la oposición hacia el Gobierno, y en especial al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por haber supuestamente beneficiado a una compañía compañía que no consideran ni estratégica, ni en crisis por la covid y de la que incluso se ha puesto en duda hasta su española. Aunque tanto la SEPI como el fondo defendieron que la aerolínea cumplía con los requisitos para hacerse acreedora del dinero, la realidad es que tras este rescate, las ayudas llegaron durante unos meses con cuentagotas. Un hecho que desde el sector empresarial achacaron a que, tras la polémica de Plus
Ultra –la ayuda está siendo investigada en un juzgado– las condiciones para acceder a los fondos se endurecieron. «Los criterios para recibir las ayudas se han endurecido. Cada semana se pide algo nuevo. Y donde antes se solicitaba un informe, ahora son diez», explicaban gráficamente fuentes del sector turístico ante esta parálisis que precedió al pasado verano.
La gestora del fondo niega, sin embargo, que lo ocurrido con Plus Ultra condicionara los rescates posteriores. «Los requisitos están recogidos en el Real Decreto Ley de creación del fondo y en la normativa del propio fondo y no hay espacio para endurecer las condiciones», aseguran. Otra cosa, argumentan, es que los requisitos en sí para acceder a este capital fueran más o menos duros. «Lo que se ha prestado es dinero público que se tiene que devolver al Estado. Y cuando se analizan los expedientes, debes verificar que se cumplen los requisitos y que los fondos se devolverán en un plazo de seis o siete años, como está estipulado», añaden. Conceden que en sus primeros meses de funcionamiento, el fondo tuvo que ir incorporando personal para gestionar los expedientes y que eso tal vez pudo ralentizar las gestiones. Otras, añaden, se complicaron porque hubo empresas que cambiaron sobre la marcha la cantidad solicitada porque sus necesidades variaron. Esto, sin ir más lejos, es lo que ocurrió con Celsa. La compañía siderúrgica catalana pidió en un primer momento 350 millones, cantidad que luego elevó a 700. Finalmente, el fondo le ha prestado 550, la mayor de las ayudas que ha concedido.
Y hubo también rescates que, según la SEPI, ralentizaron en términos globales el proceso porque se empezaron a tramitar y luego se paralizaron porque la empresa de turno encontró financiación alternativa. Esta es una de las principales razones que han llevado al fondo a declarar a algunas empresas no elegibles para las ayudas. En total, la SEPI ha rechazado 43 expedientes por una cuantía de 2.136,9 millones de euros. El fondo se creo como herramienta de último recurso para los que no tenían otras alternativas de financiación. Por eso, algunas compañías que encontraron inversores u otras vías fueron rechazadas. Aunque también es verdad que hay algunas como Abengoa –que solicitó 249 millones–, Ezentis o Room Mate que ni han recibido dinero público, ni tampoco han logrado financiación alternativa, por lo que su situación ahora es bastante delicada. En el caso de Abengoa y Room Mate, ambas han solicitado el concurso de acreedores. En Ezentis, su presidente no ejecutivo, Enrique Sánchez de León, aseguró en la última junta ante una eventual negativa del fondo que había otras alternativas como la
El dinero que no ha sido asignado no se pierde, ya que no son ayudas europeas que haya que devolver
Se ha denegado el rescate a 43 empresas que pidieron 2.136 millones. Abengoa, el «no» más polémico
aportación de nuevos socios o de los ya existentes de la firma, en referencia a José Elías, dueño de Audax y la Sirena, y accionista de referencia de la firma.
Otra de las causas principales que han motivado el rechazo de algunas peticiones es que la empresa solicitante ya estuviera en crisis antes de la pandemia, pues el fondo se creo para apoyar a aquellas cuyas dificultades hayan derivado del coronavirus. También hubo compañías, en especial en los primeros meses tras la puesta en marcha del fondo, que pidieron cantidades demasiado pequeñas y a las que la ayuda les fue denegada puesto que la cuantía mínima que ha entregado la SEPI ha sido de 25 millones de euros.
En todo caso, como explican desde la sociedad pública, el hecho de que no se hayan asignado 6.745 millones de euros de los 10.000 con que estaba dotado el instrumento no significa que se hayan perdido. El fondo se levantó con recursos propios del Estado, no dinero de la Unión Europea, por lo que no se trata de ayudas que haya que devolver sino que se quedan en las arcas de Hacienda para otros fines. Además, según recalcan, el dinero sólo se podía asignar previa solicitud de una empresa y no de forma discrecional a voluntad del Gobierno.
En cuanto al papel de Bruselas, añaden desde la SEPI, se limitó a establecer el marco temporal y jurídico en el que se podían conceder estas ayudas. En principio, se fijó el 31 de diciembre de 2021 como fecha tope para aprobar rescates. Sin embargo, la Comisión Europea concedió después una prórroga de seis meses con el beneplácito de todos los países. Y aunque se ha especulado con la posibilidad de que España pudiese ampliar el plazo, no era posible porque cualquier prórroga debería haber sido promovida por la Comisión Europea. Los rescates, en lo que respecta al marco jurídico, son similares a las que se considera como ayudas de Estado, pero han sido autorizadas por lo excepcional de la situación.