La ley de Memoria irá a Pleno sin el apoyo de ERC
► Los republicanos se abstienen en Comisión: habrá negociaciones hasta el último momento con el Gobierno
Tras muchos meses de negociaciones bajo máxima discreción, el Gobierno ha conseguido prácticamente culminar la tramitación de la ley de Memoria Democrática: aprobada ayer en Comisión, ahora solo queda el plácet del Pleno la próxima semana (14 de julio, previsiblemente). La norma recibió el apoyo de PNV, Bildu, PDeCat y Coalición Canaria en Comisión, mientras que Esquerra se quedó en la abstención, aunque la intención es apurar los próximos 10 días para que ese voto se convierta en un apoyo en el Pleno. Tanto PSOE como ERC exhibieron voluntad de acuerdo: habrá que ver si acaba fructificando. En Comisión, salió adelante con 19 votos a favor, dos abstenciones y 15, en contra.
Entre las enmiendas introducidas en el texto más destacadas, está la relacionada con estirar el plazo temporal que abarca la ley hasta el 1983, cosa que podría implicar implicar abordar los GAL. Sin embargo, desde el Gobierno se han afanado por rebajar este punto y aseguran que la norma solo faculta para hacer investigaciones (a través de la Fiscalía) hasta la promulgación de la Constitución en 1978 y, a partir de ahí y hasta el 31 de diciembre de 1983, será una comisión técnica (formada por historiadores y expertos) la encargada de revisar si se produjeron violaciones de los derechos humanos a personas que defendían la consolidación de la democracia y los valores democráticos (una definición que admite ciertas ambigüedades) durante ese lapso temporal. En todo caso, matizan desde Moncloa que muchos de esos casos ya fueron juzgados.
Otro de los puntos polémicos y que han suscitado debate es la interpretación que se hace con la Ley de Amnistía de 1977, ya que se incluye una enmienda que dice que se «interpretará y aplicará» de conformidad con el derecho internacional y, por tanto, asegura que «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Desde la parte socialista del Gobierno se defiende que el texto hace una reivindicación de esa norma que permitió allanar la Transición, aunque desde la parte de Podemos se considera que sí habilita a juzgar crímenes franquistas. Para Esquerra es, precisamente, una de las principales exigencias para cambiar el signo de su voto: la derogación de la Ley de Amnistía. Según expresó su portavoz, Carolina Telechea, la voluntad es «no tener que ir a Argentina» para investigar y juzgar crímenes del franquismo.
Telechea consideró que es un texto «ambicioso en lo simbólico», pero insuficiente en su contenido. También hizo énfasis en las indemnizaciones para las víctimas del Franquismo ya que considera que, sin eso, no hay reparación. Si bien, desde el Gobierno también se defiende que, desde la llegada de la democracia, se ha indemnizado a 602.000 víctimas por un valor de más de 21.000 millones de euros. Desde el Gobierno, en cualquier caso, se muestran predispuestos a negociar hasta el último momento con los republicanos, un partido con ascendente en el movimiento memorialista.
Asimismo, desde Moncloa se muestran satisfechos con la ley aprobada porque creen que incluye una «condena sin paliativos» al Franquismo (con la declaración de «ilegalidad» del régimen y la anulación de las condenas); la reivindicación y «dignificación de las víctimas» (con el liderazgo por parte del Estado de la localización y exhumación de las víctimas aún desaparecidas); y, reivindicar la Transición y la Constitución de 1978.
La ley abarcará hasta 1983 con una Comisión para investigar violación de derechos La Comisión estará formada por historiadores y expertos e incluirá un año de González