El juez mira ahora a Argel: preguntará por el pasaporte falso de Ghali
► Ignora a la Abogacía del Estado y ratifica la prórroga de la investigación
El instructor avisa: «En cuanto a la falsedad documental puede haber diversos autores»
La petición de archivo del «caso Ghali» instada por la Abogacía del Estado no ha convencido al instructor. El juez Rafael Lasala ha ratificado su decisión de prorrogar seis meses más la investigación, que ahora se centra en identificar a los responsables de la falsedad documental que permitió al líder del Frente Polisario identificarse en el hospital San Pedro de Logroño con un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza recuerda a los Servicios Jurídicos del Estado, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, que –como mantiene la Fiscalía– dado que ya se ha acordado el archivo de las actuaciones respecto la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y del que fuera su jefe de gabinete Camilo Villarino –a quienes ha defendido en el procedimiento–, ya no tiene legitimación para recurrir la prórroga.
Y es que según Lasala la investigación no se ha agotado porque «en cuanto a la falsedad documental puede haber diversos autores» y es necesario –tal y como ha solicitado la Fiscalía– pedir a las autoridades argelinas que «determinen si el pasaporte que se presentó había sido emitido por Argelia».
Una diligencia que, señala, obligará a acordar una comisión rogatoria «de cuyo resultado, incierto en su contenido y en el tiempo de cumplimentación, podrían derivar nuevas diligencias» que sería imposible acordar sin haber prorrogado la instrucción por la complejidad de la causa. La Fiscalía ya trasladó al magistrado que «no consta que el documento sea falso hasta que las autoridades argelinas lo verifiquen».
Lasala reprocha a la abogada del Estado su «suspicacia» porque la investigación continúe y le recuerda que investigar a Laya resulta ahora «inviable jurídicamente» tras la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza de acordar el archivo de las actuaciones respecto a la exministra al concluir que la autorización para que Ghali fuese acogido en España para ser tratado de una neumonía grave causada por la Covid-19 fue un «acto político».
Para el togado, esa prórroga no es contradictoria con el auto de archivo de la Audiencia de Zaragoza (como asegura la Abogacía del Estado), algo que califica de «materialmente imposible», pues señala que aunque cronológicamente ésta es anterior a su decisión, no se incorporó a la causa hasta el pasado 2 de junio, cuando ya había dictado el auto.
El instructor discrepa de la opinión de la defensa de Laya de que la exministra y su jefe de gabinete son «todas las personas que han intervenido» en el «caso Ghali». Para Lasala, «hay un delito de falsedad que ha de investigarse más» y, del mismo modo, «no puede realizarse una investigación prospectiva del delito de prevaricación, menos aún respecto de quienes tienen a su favor el dictado de un sobreseimiento» (Laya y su exjefe de gabinete). Un delito, el de prevaricación –puntualiza–, «del que la Audiencia ha resuelto que no está justificada su perpetración, no que no haya existido, pues en tal caso hubiera dictado el sobreseimiento libre» (que impide una posterior reapertura de la causa).
Para dejar sin efecto este sobreseimiento respecto a Laya, matiza, «serían precisos nuevos datos. Es decir, deberían surgir «nuevos elementos de prueba» y no meras «hipótesis o argumentos especulativos».