La ley de vivienda, un atentado contra el derecho a la propiedad
► El IEE carga contra el tope al alquiler y la tolerancia del Gobierno con los okupas
«La legislación aprobada por este Gobierno supone un quebranto del derecho a la propiedad y a la vivienda en España». Con esta contundencia se expresó Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), durante la presentación del informe «La necesidad de garantizar la propiedad privada en España», cuyas conclusiones sitúan a nuestro país en el puesto 26 de 38 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) de la OCDE, con una puntuación un 6,1% inferior al valor medio de la organización y un 5% por debajo de la media de la Unión Europea.
Este resultado se ha visto marcado por un «entorno legal y político negativo» en todo lo relacionado con la propiedad, ya sea material o intelectual. Fernández de Mesa se mostró especialmente combativo con las últimas medidas medidas tomadas por el Ejecutivo en relación con la vivienda y el mercado del alquiler. En este sentido ha advertido que «limitar los precios solo genera una reducción de la oferta y una subida del precio, lográndose un resultado contrario al que se quiere conseguir». El IEE considera que la imposición de controles a los precios del alquiler reduce drásticamente la oferta de viviendas de forma artificial, ya que los propietarios elevan los requisitos de sus futuros inquilinos, «lo que reduce las posibilidades de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables y de las rentas más bajas, que son a los que se pretende supuestamente proteger».
Según remarca en un informe, la intervención de los mercados del alquiler ha sido un fracaso en los países en los que se ha impuesto porque ha intensificado «el desequilibrio entre oferta y demanda y provocado un agravamiento del problema. De ahí que no debe ser aceptable ni siquiera como solución transitoria». El IEE remarca especialmente el caso de Cataluña, cuya legislación ha provocado «una caída drástica de la oferta y una dinámica contraproducente, que paralizado la construcción de obra nueva y limitado el mercado».
Especial atención prestaron desde el IEE a los problemas de okupación en España, una «situación preocupante» que se ha agravado con la suspensión de los desahucios, que «vulnera el derecho de la propiedad y daña nuestro marco institucional», incidió Fernández de Mesa. El informe critica con dureza que la tendencia en España «ha sido dulcificar la postura hacia este fenómeno, tipificándose la conducta sin hacer distinción entre ocupas y okupas, y con permisibilidad desde las instituciones, e incluso intentos parlamentarios por eliminar el tipo penal». Las consecuencias sobre el mercado también son perniciosas, ya que «se reduce la oferta al exigir los propietarios mayores garantías que los grupos más vulnerables no pueden satisfacer». Por ello, el IEE reclama facilitar la recuperación de la propiedad en casos de okupación y mayor protección jurídica del propietario.