Rebelión regional por el cambio en las ayudas al transporte

► Critican el criterio poblacional de los fondos y el nuevo mapa de transporte regular

Nuevo foco de fricción del Gobierno con algunas autonomías el que se ha abierto tras la Conferencia Sectorial de Transportes celebra da ayer entre el Ministerio de Transportes y los gobiernos regionales, en la que la ministra Raquel Sánchez ha confirmado la transferencia de 110 millones de euros en ayudas para abrir las convocatorias de ayudas para que las pymes inviertan en la mejora de la digitalización. La polémica y el enfrentamiento–aunque sin ninguna ruptura– presidió la mesa, en la que Sánchez informó sobre los cambios en los criterios de asignación de estos fondos, que ahora se fijarán en función de la población de cada región, en vez de por licencia para vehículos, como se había estipulado hasta ahora. Las comunidades con menos población, como Galicia, Castilla y León o Castilla La Mancha -entre otras-, perderían hasta un 30% de estas ayudas por el cambio de criterio.

Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que se había tomado este camino «tras consultar con todos los sectores implicados, incluidas las comunidades autónomas». La decisión se tomó tras comprobar que «muchos cargadores no tienen vehículos a su nombre, por lo que se ha considerado que el criterio poblacional es el más equitativo».

En la reunión, la ministra también dio cuenta de las ayudas destinadas a los abonos de transporte, por las que se podrá reducir hasta en un 50% el precio de los abonos. Para este paquete de ayudas se destinarán 200 millones de euros.

Aquí tampoco hubo consenso. La ministra defendió que estas ayudas han partido de criterios aprobados en 2019, cuando la situación era «más favorable que la actual», porque la «demanda era superior», por lo que entiende que la cantidad prevista será «suficiente. Tenemos todavía unos días para perfilar la orden ministerial, pero hemos hecho un cálculo favorable para las comunidades autónomas y los ayuntamientos».

El tercero de los puntos de desacuerdo –el más enconado de la mesa– fue el nuevo mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera, que reduce las rutas de 966 a 510. Las comunidades con mayor incidencia de su población acusaron a Sánchez de ir contra el medio rural y de potenciar la España vaciada. La ministra se ha comprometido a abordar en septiembre esta cuestión.