Tres exjefes de ETA imputados por ordenar el secuestro y asesinato

► El juez cita como investigados a «Kantauri», «Mikel Antza» y «Anboto», pero excluye a «Iñaki de Rentería»

VeinticincoVeinticinco años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, tres exdirigentes de ETA tendrán que responder ante la Justicia por su supuesta responsabilidad en una acción criminal que conmocionó a la sociedad española y supuso un punto de inflexión en la lucha contra la banda terrorista. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó ayer la imputación –y su citación a declarar como investigados, todavía sin fecha– de los entonces integrantes de la Zuba o comité ejecutivo etarra José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri» –cuya entrega se reclamará a Francia–, Mikel Albisu, «Mikel Antza», y Soledad Iparraguirre, «Anboto», por haber «decidido, planificado y ordenado» la acción criminal.

Lo mismo afirma respecto al también exdirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», pero en su caso el magistrado no tiene más remedio que archivar el procedimiento contra él al considerar que no se le puede exigir responsabilidad penal por estos hechos (pese a que fue miembro de la Zuba desde 1993 hasta su detención), pues han transcurrido más de veinte años desde que fue detenido, en septiembre de 2000, sin que haya sido investigado por el secuestro y asesinato del edil del PP.

El instructor da este paso tras admitir a trámite el pasado marzo la querella de Dignidad y Justicia (DyJ) contra nueve exmiembros de la cúpula de ETA a quienes la asociación que preside de Daniel Portero considera autores mediatos del asesinato por el dominio que ejercían sobre la organización terrorista (que les habría permitido impedir la ejecución del joven concejal). En la imputación de los tres exdirigentes, acordada con el apoyo de la Fiscalía, ha resultado crucial un informe de la Guardia Civil que señala a estos cuatro antiguos jefes de ETA por planificar y ordenar el secuestro y asesinato del edil.

García Castellón ve en ese informe«indicios de la participación» de todos ellos en los hechos investigadosy recuerda que en las sentencia s que condenaron a Javier García Gaztelu, «Txapote», Irantzu Gallastegui y José Luis Gueresta se señala que «cometieron la acción terrorista siguiendo las instrucciones recibidas por la dirección de ETA».

Según expone el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, «Kantauri», «Mik el Ant za »,« An boto» e«Iñaki de Rentería» pudieron haber «evitado su asesinato» puesto que ostentaban «suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización».

Los miembros de la Zuba o comité ejecutivo de ETA –argumenta el magistrado– eran «plenamente conscientes de la posición de mando» que ostentaban dentro de la organización terrorista y de su «amplia capacidad de actuación», que se plasmaba en «ordenar la comisión de acciones terroristas concretas, o bien evitar las mismas».

Por ello, añade, eran «plenamente conocedores» del secuestro, «ya no solo por haber decidido, planificado y ordenado» la acción criminal, sino porque la cúpula etarra «se responsabilizó de su secuestro» a través de los medios de comunicación y por medio de un comunicado «justificando la acción terrorista».

Para el instructor no hay duda de que «tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima», tal y como defendía en la querella contra la excúpula de ETA el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Pese a los múltiples llamamientos que, tras el secuestro de la víctima, se produjeron por parte de la gran mayoría de la sociedad y de la clase política –recuerda el instructor–, los miembros del comité ejecutivo de ETA «no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro» ni para evitar su muerte a manos del «comando Donosti», «evidenciando una voluntad inequívoca» de que se produjera el fatal desenlace. Según su criterio, la acción terrorista «no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del comité ejecutivo».

En cuanto a la intervención de los exjefes de ETA, el juez matiza que pese a no ser los ejecutores materiales del secuestro y asesinato, sí se puede apreciar «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo».

Fue, además, una decisión colectiva pues «no fue tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la dirección» pues la repercusión de la acción terrorista «así lo requería».

Como miembrodel P P, el joven concejal popular se había convertido –señala- «en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista, a través del comité ejecutivo de la misma, que en el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo de la referida formación política». Era «una prioridad absoluta». De ahí que considere «improbable» que una acción de este calado fuese realizada «sin que media se una decisión y una planificación previa, así como unas órdenesconcretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA». Así consta, añade, en anotaciones manuscritas que el entonces responsable de los «comandos ilegales», «Kantauri», remitió al «comando Vizcaya».

Para García Castellón no hay duda de que dada la «fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización», las órdenes del comité ejecutivo llegaban a los terroristas «para ser cumplidas».

«Durante las 48 horas que duró el secuestro tuvieron la capacidad de detenerlo»

Se hizo «siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores»