Históricos del PSOE se rebelan por la ley de Memoria Democrática M. Casado. MADRID
► Impulsan un manifiesto en el que se oponen al pacto con Bildu que «tergiversa» la historia
El pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante en el Congreso la Ley de Memoria Democrática ha provocado gran revuelo en las filas socialistas. El primero en levantar la voz fue el ex presidente del Gobierno Felipe González, que no dudó en afear a Sánchez su respaldo a una enmienda que permitirá reconocer a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. O lo que es lo mismo, una disposición adicional que permitirá incluir como víctimas a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada «guerra sucia» contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución. Un hecho que afectaría de lleno a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González.
A él se suman ahora otras voces socialistas, otros históricos del partido que, tal como adelantó este periódico el domingo, han rubricado un manifiesto de la Asociación para la Defensa de la Transición en el que dejan claro que «el vigente sistema democrático se fundamenta en el gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles». Motivo por el que, aseguran, «no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica». Entre los firmantes se encuentran Javier Rojo y Juan José Laborda, ambos ex presidentes del Senado; José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; Pedro Bofill, ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE; Javier Sáenz de Cosculluela, ex ministro de Obras Publicas y ex presidente del Grupo Parlamentario Socialista; José María Múgica, hijo del político socialista asesinado por ETA Fernando Múgica; y una larga lista de senadores y diputados de esta formación como Francisco Moreno Franco, Pascual Marcos Sebastián, Tomás Gómez Franco (ex alcalde de Parla) o José Acosta, entre otros.
El manifiesto hace hincapié en ese acuerdo con Bildu, ya que, a juicio de los firmantes, es una «expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes». Y es que fue precisamente la formación de Arnaldo Otegi, junto a Más País, quien insistió en introducir esta enmienda a la Ley de Memoria Democrática para crear una comisión que estudie las posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
Los firmantes de este escrito comparten el objetivo de «reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior y apoyar cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas». Sin embargo, recuerdan que la reconciliación fue «una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superar lo que había sido un largo periodo de las «dos Españas», excluyentes y enfrentadas». Por todo ello, exigen al Gobierno y a su presidente la retirada de la ley, que el jueves se somete a debate.
Piden al Gobierno, tal como adelantó LA RAZÓN, que retire la norma que se debate el jueves