El Gobierno vasco concede la semilibertad al etarra Atristain
► El Supremo se negó a revisar su condena tras una sentencia europea y en junio reingresó en la cárcel
El Supremo cerró la puerta a aplicar una «doctrina Atristain» con excarcelaciones masivas
Escasos dos meses ha estado de vuelta en prisión el etarra Xabier Atristain desde que el Tribunal Supremo se negara a revisar su condena. Un fallo favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulneración de sus derechos durante la detención incomunicada lo llevó a estar en libertad mientras los magistrados españoles decidían cómo aterrizaban la bautizada «doctrina Atristain». Las víctimas temieron entonces excarcelaciones masivas, pero no hubo revisión alguna y entonces la Audiencia Nacional ordenó el reingreso en prisión de este miembro de ETA para terminar de cumplir los 17 años que le impusieron en 2013. Ahora, según confirman diversas fuentes a LA RAZÓN, el Gobierno vasco con competencias sobre prisiones le ha concedido el tercer grado o semilibertad.
De hecho, fue el pasado viernes cuando Atristain abandonó la prisión de Martutene, en San Sebastián. Allí volvió el mediodía del 2 de junio cuando la Ertzaintza recibió la comunicación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para detenerlo y que regresara al centro penitenciario. Había estado meses en libertad a la espera de una resolución del alto tribunal. El caso de Atristain se hizo muy conocido a principios de este año porque la justicia europea dictaminó que la falta de acceso a un abogado de su elección y la forma en la que se argumentó la detención incomunicada -que contempla la ley española para un máximo de cinco días- vulneraron los derechos del preso. España fue condenada a indemnizarle con 12.000 euros por daños morales y 8.000 en conceptos de gastos y honorarios.
La defensa del etarra quiso entonces que el Supremo volviera a analizar su condena teniendo en cuenta el fallo de Estrasburgo, pero los magistrados cerraron la puerta a que esto se tratara de una suerte de «doctrina Parot» que se aplicara de forma automática a él y a otros presos en situación similar. La detención incomunicada fue un encaje en el que se acoplaron muchos de estos arrestos para evitar que los abogados (si los escogían) sirvieran de cadena transmisora de la banda terrorista e hiciera llegar mensajes o sirvieran para esconder material.
Los magistrados españoles elegaron que su pena se sustentó en diferentes patas y no solo en la declaración autoincriminatoria que él mismo hizo ante la Guardia Civil en este periodo de incomunicación. «La convicción sobre la existencia de los explosivos y armas se asienta en otras fuentes de prueba distintas a la confesión, de manera que la localización de las armas no se asienta, solamente, en la confesión», reza la sentencia.
Atristain fue detenido en 2010, se escapó a Francia y poco después se entregó. La Audiencia Nacional lo condenó por pertenencia a banda armada y tenencia de armas y municiones.
El Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu asumió la competencia oficial de prisiones el pasado mes de octubre y desde entonces la progresión de grados de los presos en ese territorio está bajo su tutela. Preguntados en la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas sociales vasca si el etarra tenía informes favorables de la Junta de Tratamiento -órgano de la cárcel formado por psicólogos y trabajadores sociales que se encargan de evaluar la situación de los internos- la respuesta se ha limitado a apuntar que no dan información sobre este asunto. Las fuentes consultadas en el País Vasco señalan que el número de presos que ya ha adquirido la semilibertad en las tres prisiones competencia de Urkullu se acercan a la veintena.
Ya en el mes de marzo se concedió, por ejemplo, el tercer grado a los etarras Egoitz Coto, Joseba Lerín, Iñaki Garcés, Unai Fano, Ugaitz Pérez, Mikel Arrieta, Francisco José Ramada y Joseba Arregi Erostarbe, alias «Fiti». Fue este último el único de esta tanda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (con la potestad para impugnar este tipo de decisiones) recurrió ante la Sala de lo Penal y está pendiente de resolverse. «Fiti» fue uno de los tres integrantes de la dirección de ETA detenidos en 1992 en la localidad francesa de Bidart. En ese momento, el Gobierno vasco explicó que todos tenían informe favorable de la Junta de Tratamiento. También en mayo la plataforma Etxerat publicó que el Gobierno vasco había accedido al tercer grado a cuatro nuevos presos: Iñaki Bilbao, Gorka Martínez Ahedo, Gorka Lupiañez y Aitor Esnaola.