Los 700 cubanos que siguen entre rejas por gritar «¡Basta!» a Castro
► De los 1.484 detenidos por las protestas, 622 fueron sometidos a un juicio farsa
Ha pasado un año desde que el 11 de julio de 2020 multitudes de cubanos hartos de miseria se lanzaran a las calles de la isla a gritar basta en una protesta espontánea, un tiempo que el régimen cubano ha empleado en perseguir y encarcelar a quienes tomaron parte en ella. Un reciente informe de las organizaciones Justicia 11-J y Cubalex ha puesto cifras a la represión, pese a que el gobierno cubano no las da. El informe ha contabilizado al menos 1.484 personas detenidas, entre ellas 57 menores. Unas 700 continúan en prisión y otras 622 han sido procesadas en juicios sin las debidas garantías. La denuncia, basada en el testimonio de los familiares de los represaliados y documentos judiciales revela la escala de la ola represiva desencadenada tras unas protestas que hicieron temblar los cimientos de la dictadura castrista.
Diubis Laurencio Tejeda, un hombre de raza negra de 36 años abatido por la Policía sigue siendo la única víctima mortal en los incidentes del verano pasado reconocida por la dictadura, pero el informe de Justicia 11-J y Cubalex ha identificado a otras cuatro personas que recibieron disparos de las fuerzas de seguridad, entre ellas una de 16 años. Laritza Diversent, portavoz de Cubalex, explicó que «hemos registrado distintos tipos de represalias, como traslados repentinos, desapariciones forzadas temporales, aislamientos, detenciones incomunicadas, palizas, violencia física y otras formas de tortura».
Erika Guevara, directora para América Latina de Amnistía Internacional, señaló que «los patrones de represión que hemos visto en este último año son parte de una política generalizada y sistemática de represión que ha violado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano durante décadas y que en los últimos años se ha profundizado por el silencio cómplice de la comunidad internacional».
El aparato de seguridad castrista ha tenido como objetivos prioritarios a los miembros de la sociedad civil que lideraron los movimientos que desembocaron en las protestas de julio, como el grupo de artistas disidentes Movimiento San Isidro o el Grupo Archipiélago.
Una figura particularmente incómoda ha sido la del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Respetado vecino del barrio de San Isidro de La Habana, poblado por afrocubanos de extracción popular, Otero Alcántara lleva años denunciando con acciones de protesta pacífica y obras de arte en movimiento la falta de libertades y las precarias condiciones de vida en la isla.
A sus 37 años ha sido detenido en varias ocasiones y en mayo de 2021 vio como agentes del régimen respondían a una de sus huelgas de hambre irrumpiendo en su taller en el barrio de San Isidro y confiscando todas sus obras.
El pasado julio un tribunal de La Habana lo condenó a cinco años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Las autoridades impidieron el acceso de la prensa internacional a las sesiones del juicio. Otero Alcántara llevaba entre rejas desde el 11 de julio de 2021, cuando lo detuvieron cuando salía de su casa para sumarse a las manifestaciones contra la dictadura. También fue recientemente condenado el rapero Maykel Castillo «Osorbo», que ganó notoriedad mundial por su participación en el vídeo de «Patria y vida», alegato musical contra el régimen.
El aparato de seguridad del régimen se ha cebado con los artistas