J. Planes.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó ayer el procesamiento de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y rechazó su petición de ser juzgada por un jurado por presuntamente fraccioel nar 18 contratos para poder otorgarlos a dedo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
En un auto, el TSJC descarta que la juzgue un tribunal popular porque la Fiscalía no la acusa finalmente de los delitos de malversación y fraude, los que citaba Borràs para justificar su petición, ya que el Ministerio Público solo le atribuye los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
La Sala también inadmite la recusación del magistrado instructor, Carlos Ramos, reclamada por abogado de Borràs, Gonzalo Boye, porque lo ve «un abuso de derecho y un fraude procesal» dirigido a apartar al juez predeterminado por la ley y a dilatar la tramitación para retrasar la apertura del juicio oral.
La Sala responde a la crítica de Borràs a que el magistrado fuera escogido por el Parlament en 2004 con intervención según ella decisiva del PSC, y en su auto asegura que «no se puede atribuir a un magistrado una finalidad política como consecuencia de un determinado sistema de nombramiento».
Además de Borràs, en el caso están procesados su amigo Isaías H., supuestamente favorecido con contratos menores de la ILC presuntamente fraudulentos y Andreu P., que presuntamente participó en preparar los presupuestos y facturas para estos contratos.
También estaba en la causa el técnico de la institución Roger E. por presuntamente facilitar los trámites, aunque la Sala ha decretado el sobreseimiento provisional parcial de su procedimiento «por no existir indicios racionales suficientes de que hubiera intervenido en los hechos que dieron lugar a la formación de la causa». La Fiscalía Superior de Cataluña pide en el escrito de acusación condenar a Borràs a 6 años de cárcel y a 21 de inhabilitación, además de imponerle una multa de 144.000 euros.
El escrito de acusación atribuye a Borràs los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada. El TSJC procesó por segunda vez a la presidenta del Parlament y lideresa de Junts por presunto fraude en contratos para beneficiar a un amigo.