España confía en rebajar del 15% el racionamiento de gas
► Los países europeos, en contra de que Bruselas pueda decretar por su cuenta el estado de emergencia
Los ministros de Energía de los Veintisiete se reúnen hoy de manera extraordinaria en Bruselas para intentar llegar a un acuerdo sobre el plan de racionamiento de gas propuesto la semana pasada por parte de la Comisión Europea, en caso de que Rusia decida cortar el suministro de gas a la Unión Europea en los próximos meses. Fuentes diplomáticas confían en que sea posible llegar a un acuerdo para que Bruselas tenga en cuenta las especificidades de cada país a la hora de fijar objetivos.
La semana pasada, la Comisión propuso a los socios comunitarios un plan voluntario de ahorro de gas de un 15% durante los próximos ocho meses a partir del 1 de agosto, que puede volverse obligatorio en caso de emergencia.
Nada más conocerse esta propuesta, España y otros países del sur de Europa como Portugal y
Grecia se mostraron en contra de estos planes. Según la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera se está exigiendo a España un «castigo desproporcionado» que no redundaría en el beneficio común de los Veintisiete ya que este ahorro no serviría para que España aumentara el bombeo de gas al resto de la UE, debido al bajo nivel interconexión. Ribera confió la semana pasada en rebajar esta cifra en un 5%.
Fuentes diplomáticas se muestran prudentes a la hora de dar números si bien aseguran que hay otros países que, al igual que España, piden a la Comisión Europea proporcionalidad en la puesta en marcha de esta meta.
El plan inicial de Bruselas no sólo se ha encontrado este obstáculo. Uno de los aspectos más espinosos reside en el mecanismo que desencadenará estos planes de emergencia obligatorios, ya que las competencias en este ámbito residen en las capitales europeas de manera ordinaria.
Según la iniciativa original, el Ejecutivo comunitario puede declarar esta situación de emergencia por su cuenta o a instancias de tres países europeos. Este «botón rojo» puede pulsarse en caso de un «riesgo sustancial de corte severo de gas o ante una gran demanda de gas» que resulte en un deterioro del suministro.
Según explican fuentes diplomáticas, los países europeos consideran que con esta propuesta Bruselas se está extralimitando en sus funciones. Por eso, existe una «corriente fuerte» entre los socios europeos que abogan por que esta declaración de alerta por parte del Ejecutivo comunitario tenga que conseguir la «luz verde» de una mayoría cualificada de países miembros para que los objetivos de reducción pueden ser declarados obligatorios. Además, según los últimos borradores, la Comisión Europea deberá realizar esta propuesta a instancia de cinco países europeos.