Moncloa asume la política lingüística del Govern
La mesa de diálogo entierra la sentencia del 25% de castellano en la escuela y aparca la reforma del delito de sedición
El acuerdo asume el castellano como idioma de «uso curricular» y no de «aprendizaje» Se impulsará una reforma del reglamento del Senado para el uso de lenguas cooficiales
GobiernoGobierno y Generalitat se reunieron ayer en Moncloa en el marco de la «mesa de diálogo» para seguir afianzando su relación bilateral, después de una etapa convulsa y de máxima tensión a cuenta del escándalo «Pegasus». La cita se desarrolló en un clima «sincero, amable y constructivo» y estuvo cargada de secretismo, no en vano, no se adelantó ninguno de los avances alcanzados hasta que los líderes de ambas delegaciones, Félix Bolaños y Laura Vilagrà, pronunciaron sus comparecencias públicas. Fuentes gubernamentales destacaban el «valor muy especial» de esta tercera reunión, porque tras sentar las bases en las dos primeras, en ella «empezamos a recoger frutos concretos con acuerdos específicos», dicen.
El ministro de la Presidencia compareció en Moncloa para detallar el grueso de los acuerdos, que se orientan en dos direcciones: «Superar la judicialización de la política y reforzar garantías de diálogo» e impulsar la lengua catalana. En el primer aspecto, en lo relativo a la desjudicialización de la política, desde ERC se comprometen a desenvolverse «dentro del ordenamiento jurídico» y el «marco normativo». Un punto y aparte respecto a los desafíos a la legalidad que se produjeron por sus dirigentes en 2017 y que acabaron con los líderes independentistas en prisión. En este sentido, se establece «la renuncia a sacar la política de las reglas del juego democrático». En este contexto, no se ha avanzado, como querían desde Esquerra, en la revisión del delito de sedición. Una puesta por adecuarlo a los estándares normativos europeos que el Gobierno central mantiene, pero para la que considera que «no existe» ni un acuerdo de base, sobre el que trabajar, ni una «mayoría suficiente» para emprenderlo. Tal como publicó ayer este diario, en Moncloa se parapetan en el «no» del PP para abordar la reforma del Código Penal en este sentido. Entienden que «lo ideal» en una cuestión tan trascendente, como lo es rebajar las penas de la sedición, es contar con el principal partido de la oposición para tener una mayoría «potente» que lo respalde.
La otra pata del acuerdo es la relativa al impulso a la lengua catalana catalana y su promoción en todos los niveles, reconociendo la diversidad lingüística como una «riqueza de nuestro país». El Gobierno defenderá la presencia del catalán en varias direcciones, entre ellas, dando autonomía a los centros educativos para que refuercen el castellano o el catalán en función de sus intereses. Este precepto está recogido en el artículo 8 de la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela que el Parlament aprobó recientemente por amplia mayoría, una norma que el Ejecutivo considera «perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario».
Es decir, el Gobierno hace suya la política lingüística de la Generalitat con la inmersión en catalán en el centro del sistema y da carpetazo definitivo al 25% de castellano en las aulas, un porcentaje que ordenaron los tribunales a través de una sentencia marco del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada por el Supremo. Cabe recordar en este sentido que el independentismo impulsó una nueva ley en el Parlament –secundada también por el PSC de Salvador Illa– que no fija porcentajes lingüísticos como ordena la justicia, sigue blindando el catalán como lengua «vehicular» y «propia de Cataluña» y sitúa el castellano como idioma «de uso curricular» y no «de aprendizaje»,