Un presidente serio, en vez de tanto helicóptero súper puma, dialogaría con la oposición medidas útiles

ResultaResulta curioso que el mismo que la semana pasada se empeñaba en defender la desjudicialización de los graves delitos cometidos contra la unidad de España y la igualdad de los españoles por ex gobernantes de Cataluña haya sostenido esta semana que en España la ley se cumple, cuando se trata de los termostatos o de mantener apagadas las luces de los escaparates. Es la desigual actitud de un presidente que solo reacciona cuando son sus medidas de lucimiento personal las que se ven cuestionadas, pero que indulta a los golpistas catalanes, que acerca a 200 terroristas a prisiones próximas o del País Vasco y que no denuncia ni actúa contra los 340 homenajes a terroristas de ETA que se han producido durante este año. Y, por supuesto, estamos ante un Gobierno que no pierde un minuto en atacar al leal con el Estado y la legalidad, al igual que justifica los incumplimientos e ilegalidades de los desleales con el Estado y la Constitución. ¡Qué rápido se les acaba el espíritu legalista cuando quien se rebela es un socio nacionalista! Ese es el Gobierno que tenemos: uno que no dice nada cuando los separatistas catalanes legislan para seguir incumpliendo la sentencia del 25 % de español, pero que es capaz de tachar al PP de «egoísta e insolidario» por denunciar las incoherencias de una norma restrictiva, arbitraria, improvisada y no dialogada, como de hecho lo es el deslucido

Real Decreto de ahorro energético. Estamos, una vez más, ante la ley del embudo, esa doble vara de medir de la izquierda, que intenta mostrar como incumplidores de la legalidad a quienes precisamente llevan en su ADN la defensa de la ley, que es la base de la democracia y la garantía de la libertad, además de lo que mejor defiende al débil frente al poderoso. De hecho, si se trata de incumplir la ley, quien ostenta un récord de resoluciones judiciales en contra es precisamente el gobierno de Pedro Sánchez, que ha cosechado los peores varapalos de la historia constitucional de España, a propósito, nada menos, de sus estados de alarma confinatorios y antiparlamentarios. La fuerza de la costumbre de la inconstitucionalidad, que lo es del incumplimiento normativo en su máximo grado, retrata toda una concepción del Estado, como combustible con el que se puede negociar el día a día de un gobierno y la duración de una legislatura. No en vano, ese es el paradigma de quien apaga la luz de sus 23 ministerios a las 10 de la noche en lugar de suprimir 10 de un plumazo, o de quien decreta apagones selectivos a los mismos negocios que han visto elevarse el precio de la luz hasta el cuádruple que hace un año, al tiempo que utiliza el helicóptero y el avión particular hasta para ir al baño. Si fuera un presidente serio, en vez de subirse y bajarse tanto del súper puma, dialogaría con la oposición medidas razonables y útiles para reducir el consumo energético y buscaría proveedores de energía y alternativas al gas de Putin. Pero él prefiere romper los puentes con Argelia y demonizar dogmáticamente la energía nuclear, que precisamente renace en Europa. Definitivamente, es lo malo de tener un Gobierno sin luces: cuando no te confina, te deja a oscuras, a ser posible hasta unos días antes de las elecciones, y mientras tanto solo le exige cumplir la ley a sus adversarios, porque él ya está bastante ocupado pactando impunidad para sus aliados. La cogobernanza en el Gobierno de España solo se practica con los que quieren precisamente acabar con España, pero con quien van a acabar es con este gobierno.