La Generalitat desafía al Supremo y no cumplirá la sentencia del 25%
► Alega que es «inaplicable» y anuncia que al menos otras diez escuelas marginarán al castellano
La secretaria general del Departamento de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, aseguró ayer que la reciente decisión del Tribunal Supremo en la que anulaba los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Abrera y Barcelona «no tiene validez» ya que, a su juicio, «es inaplicable». Para Gomà, las dos resoluciones son anteriores a la entrada en vigor de las leyes de protección del catalán y, por tanto, no tienen más recorrido. No obstante, también auguró que de cara a septiembre habrá «nuevas sentencias» calcadas, porque existen otros recursos presentados en el Supremo. Ahora bien, Gomà defendió que las medidas aprobadas en el Parlament para que las lenguas se enseñen siguiendo criterios pedagógicos son «plenamente vigentes». Al mismo tiempo, avanzó que, al menos, una decena de escuelas marginará al castellano.
El Supremo acaba de tumbar los proyectos lingüísticos de dos escuelas de la provincia de Barcelona por no cumplir con un mínimo del 25% de castellano en la enseñanza. Uno de los centros afectados es la Escola Bogatell, que se encuentra en la capital catalana, mientras que el segundo está en el municipio de Abrera, en el Baix Llobregat, y es la escuela Josefina Ibáñez. La decisión del TS llega tras rechazar los recursos de casación que interpuso la Generalitat al considerar que carecen de motivación y «no se ha fundamentado suficiente».
La Generalitat, por su parte, argumentaba que la decisión previa del TSJC podía ser «gravemente dañina para los intereses generales»yaducíafaltadelegitimación de los denunciantes, algo que el Alto Tribunal ha rechazado.
En las sentencias de marzo de 2021 recurridas por la Generalitat se reconocía a las familias «una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable» que, «a falta de su concreción», debe fijarse en un mínimo del 25%. El TSJC anuló el año pasado los proyectos lingüísticos de ambos centros por no prever «el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán, y anular igualmente cualquier otro proyecto lingüístico» en caso de que «incurra en igual defecto».
Gomà, después de que el Tribunal Supremo no admitiese a trámite los recursos de casación presentados por la Generalitat sobre las sentencias emitidas por el TSJC que anulaban el proyecto lingüístico de los citados centros, señaló que «el Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto a la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en ese momento anterior».
Gomà adelantó que en septiembre el Tribunal Supremo rechazará otros recursos de la Generalitat. Y, por ello, aseguró que las direcciones de las escuelas no deben hacer ningún cambio: «No deben aplicarlo porque estas sentencias son inaplicables», resolvió. Gomà insistió en que el nuevo marco normativo se adapta a la Constitución y los alumnos adquieren las competencias necesarias tanto en catalán como en castellano, y pidió «que se deje de judicializar la cuestión lingüística».
La Generalitat ha solicitado al TSJC la revocación de las medidas cautelares vigentes en una decena de escuelas donde una familia había solicitado la aplicación del 25% de castellano y estudia cómo proceder en la docena de centros donde sí había sentencia firme. «El lío viene porque la Justicia va muy lenta y hace sus procedimientos en años posteriores a las cosas. La realidad es mucho más rápida, mucho más dinámica y las sentencias llegan después, cuando ya existe un momento totalmente diferente», lamentó la secretaria de Educación. Eso sí, evitó pronunciarse sobre una posible opinión contraria del Tribunal Constitucional. Patrícia Gomà también se mostró optimista para poder arrancar el curso escolar sin huelgas en escuelas e institutos. Aseguró que negociarán hasta el último momento con los sindicatos para evitarlo.
Al margen de la negativa de la Generalitat, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, valoró «muy positivamente estas providencias porque demuestran que, independientemente de que estemos bloqueados con el 25%, los centros deben programar asignaturas en castellano». La gente se ha pensado que el 25% no es válido», lamentó Losada, que recordó que el castellano «es lengua vehicular en la escuela catalana» porque lo marca la ley. «La vehicularidad del castellano viene en la Constitución, no la puede decidir el director de un centro educativo. El director escolar lo que tiene que hacer es aceptar la Constitución. Bolaños está defendiendo como bilingüismo algo que no lo es», añadió Losada.