Los capos de la droga, los grandes beneficiados del colapso judicial
► El retraso en las sentencias provoca que el tiempo de la prisión provisional se agote
LaLa Audiencia Nacional acumula un colapso de tales dimensiones que los presidentes de varias de sus Salas han solicitado en los últimos meses al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que envíe refuerzos. Más magistrados y más secciones para poder acelerar las vistas y desatascar el calendario. Este bloqueo retrasa la celebración de juicios y fuentes de la lucha contra el narcotráfico explican que la derivada inmediata se está convirtiendo en un problema: no se puede alargar el tiempo para retener a los capos en prisión provisional. La ley marca unos plazos claros y, una vez agotado el máximo de cuatro años que está establecido, todos deben salir a la calle. Hasta hace un mes, y según datos facilitados por la Fiscalía Antidroga a LA RAZÓN, la cifra de presos que mantiene el órgano en esta situación es de 198.
Esta cuestión se ha agravado después de la Covid, señalan las citadas fuentes, porque las investigaciones siguieron al ralentí y los juicios dejaron de celebrarse, los papeles no han dejado de apilarse. La Ley de Enjuiciamiento Criminal [artículo 503 y 504] regula las causas por las que un juez puede enviar a la cárcel a un investigado sin que pese sobre él condena firme.
En las causas con delitos por droga es altamente común que existan presos de este tipo, especialmente porque el riesgo de volver a delinquir, de seguir traficando, o de destruir pruebas (o droga) es bastante alto. Ocurre que si las pesquisas se demoran, que a menudo sucede por falta de recursos humanos para trabajar o por la necesidad de apuntalar todos los delitos (muchas de estas investigaciones tienen agentes infiltrados o pinchazos telefónicos que requieren tiempo para cristalizar), no es difícil llegar al tope de años que marca la legislación. Y si a esto se le suma la tardanza tardanza del órgano en colocar en la agenda estos juicios, los acusados terminan en la calle.
«Después de la pandemia esto ha ido mal. Pasa el tiempo y hay que dejarlos en libertad y si están en libertad muchos desaparecen», remarcan fuentes de la Fiscalía Antidroga. Esta preocupación se extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que a menudo ven con frustración cómo sus pesquisas dan al traste cuando su objetivo principal se esfuma de España. Además, este alargamiento de la causa provoca que muchos abogados busquen recovecos procesales para tratar de exculpar a sus clientes y uno de los más utilizados son las dilaciones indebidas.
Solo en lo que va de 2022, se han abierto en la Fiscalía Especial Antidroga (sede central) 30 diligencias de investigación. Éstas pueden terminar judicializadas si los fiscales interponen querella o pueden acabar en archivo si no hubiera suficientes indicios de delito. «La Audiencia se ha quedado pequeña», dicen.
Mismo problema en Algeciras
Pero este órgano no es una isla en el océano. La situación es igualmente un embudo en las zonas más asediadas por el delito de tráfico de drogas porque las multiplicaciones no han dado resultados coordinados: si Interior añade refuerzos pero Justicia deja el escenario como estaba la suma no sale. Por eso, denuncian estas fuentes judiciales, la consecuencia es el colapso. En marzo de este año el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó el III Plan Especial de Gibraltar que estará vigente hasta 2023. Ya se aplicaba desde 2018 cuando comenzaron las quejas policiales y este año se extendió a Granada, Almería y Sevilla dotado con 35.346.400 euros.
Del análisis de los datos realizados por el departamento que dirige Grande-Marlaska se concluyó que las organizaciones criminales en esa zona han diversificado sus actividades hacia otros fenómenos delictivos. La Policía realiza ahora más operaciones, pero los trabajos del Ministerio Público allí no dan abasto. La Fiscalía Antidroga únicamente tiene 28 delegados repartidos en los territorios con más delitos de este tipo. Un número muy por debajo de lo que la materia necesita, aclaran las citadas fuentes. «Aumentan las causas de las detenciones. Pero el juzgado es el mismo y las personas también y al final es un cuello de botella», exponen.
198 presos por delitos de narcotráfico se encuentran actualmente en prisión provisional 4 años es el tiempo máximo que marca la ley para que salgan a la calle si no han sido juzgados