Fiscalía y delito penal: avisos a Uber Eats
► Gobierno y sindicatos se blindan contra el regreso de los autónomos a Uber Eats
La «Ley Rider» cumplió ayer, viernes 12 de agosto, su primer año en vigor con las dos principales plataformas de reparto, Glovo y Uber Eats, retando al Ministerio de Trabajo. En apenas una semana, el sector de las empresas digitales de delivery ha pasado de la relativa calma y cumplimiento de la normativa, a amenazar con el regreso del modelo autónomo. Pese a la entrada en vigor de la ley, Glovo ha mantenido este último año un modelo basado en mayoría de «riders» autónomos, un incumplimiento de la regulación que no sentó nada bien a sus competidores, especialmente a Uber Eats. Ante la falta de adaptación de Glovo a la «Ley Rider» y ante la inacción del Ministerio de Trabajo, la plataforma de las mochilas verdes ha tomado la determinación de crear un modelo híbrido de trabajo asalariado y autónomo.
El aviso de Uber Eats anunciando su intención de recuperar a los «riders» autónomos desató las críticas inmediatas del ministerio de Yolanda Díaz y de los sindicatos. El último en pronunciarse, CC OO, explica a LA RAZÓN que está estudiando pedir la actuación de la Fiscalía. «Es absolutamente intolerable que haya empresas que se permitan el lujo de retar al Estado anunciando el incumplimiento de una ley. No solo tiene que haber una actuación contundente de la Inspección de Trabajo, sino también de la Fiscalía», reclama Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO. «Anunciar que se va a incumplir una ley está tipificado», añade. «Probablemente en septiembre instaremos al Gobierno a que ponga a la Fiscalía a trabajar o bien la instaremos nosotros», adelanta en declaraciones a este medio.
Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, advirtió que van a ser «implacables con el cumplimiento de la ley» y para ello usarán «todos los recursos» que tengan a su disposición. Además, Trabajo no descarta que las empresas digitales tengan que asumir «responsabilidades penales» si vulneran la «Ley Rider» y también abre la puerta a exigir responsabilidades a los restaurantes, supermercados, comercios y otros establecimientos que recurran a vías de reparto ilegales según la normativa actual.
Las plataformas se enfrentarán a «responsabilidades penales», advierte Trabajo