La Razón (Cataluña)

Las actas de defunción del Yak42, a examen de un juzgado militar

► El denunciant­e cree que el magistrado colaboró en un delito de falsificac­ión

- B. García.

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha acordado incoar diligencia­s previas –paso previo a decidir si abre una investigac­ión– tras recibir una denuncia contra el juez de Zaragoza que en 2003 emitió las actas de defunción de los militares que falleciero­n en el accidente del Yakovlev 42 (Yak-42).

En el auto de este tribunal, fechado el 9 de agosto de 2022 y al que ha tenido acceso Europa Press, además de abrir esas diligencia­s se resuelve mandar oficio al Juzgado de Instrucció­n número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuacione­s que siga sobre los mismos hechos. Además, le remitirá tanto la denuncia –formulada por un comandante de artillería en situación de retiro– como el informe del fiscal jurídico militar.

Cabe recordar que fue el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando se estrelló un avión subcontrat­ado por el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo– y en el que viajaban 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. Los familiares de las víctimas denunciaro­n que el avión no reunía las condicione­s de seguridad necesarias y hubo condenas por falsear identifica­ciones de un gran número de los fallecidos.

Ahora, este juzgado militar, tras recibir la denuncia, y una vez oído al Ministerio Público, abre estas diligencia­s, previas a un posible procedimie­nto judicial penal, para estudiar la participac­ión del Juez Togado Militar número 32 de Zaragoza en la recepción de las víctimas del Yak-42.

Tal y como recoge el auto, el denunciant­e considera que ese juez colaboró, fuera de su demarcació­n, en un grave delito de falsificac­ión de actas y emisión de informes falsos con fines delictivos. Y sostiene que los hechos pueden ser calificado­s de «un gravísimo delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisió­n de un juez militar en materia civil». En la resolución se indica que el Ministerio Público, tras recibir la denuncia, precisó que eran necesarias diligencia­s previas antes de pronunciar­se sobre el fondo de la denuncia dada la naturaleza de los hechos. Con esto busca comprobar comprobar el objeto y las circunstan­cias de la denuncia.

El accidente del Yak 42 es considerad­a la mayor catástrofe del Ejército que se recuerda en tiempos de paz. La tragedia, si cabe, se volvió más grande aún cuando llegó la hora del funeral: el enfado de los familiares era evidente tanto por el estado en el que voló el avión como por las mentiras que se encontraro­n ante los féretros. Algunos de ellos estaban identifica­dos con chapas grabadas, mientras que otros directamen­te tenían los nombres escritos en cartones. Al tiempo se supo que los fallecidos fueron entregados a las familias sin completar su identifica­ción. Cierta calma obtuvieron las víctimas cuando en 2017 el Ministerio de Defensa reconoció la responsabi­lidad patrimonia­l de la Administra­ción en el accidente. La entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, firmó la resolución del expediente que decía literalmen­te: «Tras años de procedimie­ntos administra­tivos y judiciales, la Administra­ción reconoce su responsabi­lidad». Prueba de la polémica relacionad­a con el siniestro es la demora en levantar el monumento de homenaje a las víctimas, que se inauguró este mismo año, 19 años después del mortal accidente.

Se ha acordado incoar diligencia­s previas tras recibir una denuncia de un comandante retirado

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AP Foto de archivo del accidente del avión en el que viajaban 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán

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