«Pedirnos medidas de ahorro es una encerrona»
► Cumbre Génova-CC AA para el plan energético. Pactan que cada gobierno envíe un documento genérico con obligaciones solo para lo público
ElEl plan de ahorro energético se está convirtiendo también en un quebradero de cabeza para el PP. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, se reunió ayer telemáticamente con los consejeros autonómicos de su partido con competencias en la materia para fijar unas líneas generales de posición común. La decisión es que cada comunidad presentará su propio documento, de carácter bastante genérico, porque en lo que hubo acuerdo técnico fue en que el esquema de trabajo que ahora propugna el Gobierno es una «encerrona».
En un marco de absoluta falta de confianza entre Gobierno y oposición, las comunidades del PP temen que las ideas que planteen en sus documentos sean utilizadas por Moncloa para «filtrarlas como arma de desgaste», no para fijar una posición común.
El problema es que, en cierta forma, puede decirse que ellas mismas se han metido en esta «encerrona» al oponerse frontalmente al plan de ahorro ya aprobado por el Ejecutivo, entre otras razones con la justificación de que no habían dialogado con las partes afectadas. Tampoco con las autonomías.
En un curso marcadamente electoral, y sin puentes de confianza entre Gobierno y oposición, el diseño del plan de ahorro energético que exige Bruselas está condicionado por la desconfianza y por el temor de los partidos a que las decisiones generen malestar en una opinión pública que bastante tiene con gestionar la crisis inflacionaria.
Cada comunidad del PP hará llegar al Gobierno su propuesta, pero bajo un mínimo común denominador: no pillarse los dedos con iniciativas que la izquierda pueda usar en su contra; que las medidas de ahorro sean obligatorias solo para el sector público (con la excepción de sectores esenciales como Educación o Sanidad); y que en el ámbito privado sean sólo recomendaciones. Esto excluye las propuestas para comerciantes y hostelería, que ya entraron en el real decreto aprobado por el Gobierno, y para el que éste ha convocado a los partidos esta semana para analizar su tramitación parlamentaria.
El fallo de origen está en la mayoría de investidura y en un modelo político en el que no hay ningún canal de confianza abierto entre el Gobierno y el PP. Los populares son incompatibles con los socios de investidura, y Moncloa no puede negociar con el PP sin que salte por los aires el apoyo que recibe de Podemos y de ERC. Esto se ha impuesto también en un debate que debería ser de Estado y superar las diferencias ideológicas.
La polémica de estas semanas ha hecho que el Gobierno tome nota de las críticas al proceso de elaboración del plan de ahorro ya vigente, una primera avanzadilla de las medidas que tendrá que plasmar en un nuevo documento en septiembre para trasladarlo a Bruselas y cumplir con su compromiso de un ahorro del 7 por ciento del consumo de gas.
El plan ha sido cuestionado por los expertos, tanto en el fondo, por tener poca consistencia, como en las formas. Y la reacción es esta ronda abierta para recibir propuestas, con cámaras y amplia exposición mediática, aunque el Gobierno sea quien finalmente tiene que llevar la iniciativa. De esta ronda Moncloa aspira a sacar «material» para seguir jugando políticamente a sostener el eslogan de que este PP se opone a todo y no tiene propuestas.
Por otra parte, la sensación de «encerrona» que trasladan en las comunidades populares ha contribuido, asimismo, a abrir cierto debate sobre si no hubiera sido más conveniente abstenerse en la votación del real decreto. En el PP también estudian cómo reaccionar para silenciar esta campaña de la izquierda que pretende anular la identificación del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, con un político constructivo, de Estado, y que marca una diferencia con respecto a las etapas anteriores. Esa imagen triunfa en un segmento electoral que puede ser clave para marcar una distancia suficiente con el PSOE en las elecciones generales. Distancia de la que depende que el PP gobierne sin tener que incluir a Vox en el gabinete.
Encontrar el equilibrio entre la oposición y el pacto es complicado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una apuesta clara por Bildu y sus socios. Reprocha al PP su oposición a todo, pero tampoco deja resquicio a la negociación y al acuerdo con el principal partido de la oposición. Y, al mismo tiempo, el PP tiene la presión electoral, y también pesa sobre ellos la idea de que no pueden ser el «tonto útil» de Sánchez, y menos todavía en un contexto como el actual, en el que en Génova son conscientes del amplio rechazo que el líder socialista genera en la calle, sobre todo en sus potenciales votantes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya está claramente en campaña para las elecciones autonómicas de mayo, y así lo comentan dentro de su partido. Unos comicios en los que Ayuso aspira a una mayoría absoluta. En Génova respetan su autonomía y su estrategia para conseguir ese objetivo, pero en el PP también advierten de que esto no debe ser incompatible con el perfil del Feijóo «estadista y que ha entrado en la política nacional para construir y ser útil a los españoles». Como en el tema de la oposición en el área energética, el equilibrio es lo complicado.
Ayuso ya está en campaña para conseguir una mayoría absoluta en mayo