Las víctimas temen que los presos estén fuera de prisión para Navidad
► Los últimos acercamientos de etarras confirman las sospechas de las víctimas ahora que las competencias en Prisiones dependen del Gobierno vasco
LosLos últimos acercamientos de presos de ETA al País Vasco a los que el Gobierno ha dado luz verde han atizado esta semana un fuego que nunca se ha terminado de apagar. Las víctimas del terrorismo se sienten traicionadas porque se hayan movido ya 143 etarras incluyendo a algunos tan sanguinarios como el asesino de Miguel Ángel Blanco, y se muestran especialmente preocupadas de que los traslados redunden en beneficios penitenciarios. La diferencia entre estos y los acercamientos promovidos por gobiernos anteriores es que por primera vez las competencias de Prisiones dependen de Euskadi, así que decisiones como las semilibertades son en última instancia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Y si bien esto puede ser revocado por un juez, el tiempo que tarda en tramitarse el recurso los terroristas están en la calle, como en el caso del Joseba Arregi Erostarbe, «Fiti», que lleva seis meses a la espera de resolución.
«ETA siempre ha dicho que no los quieren cerca, los quieren libres», señala el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Miguel Folguera. Actualmente un 70% de presos de ETA están ya en prisiones vascas y navarras, su aspiración más histórica solo superada por la amnistía. La decisión de repartir a los condenados condenados y alejarlos buscaba evitar que la banda terrorista se organizara desde las celdas y siguiera pasando información. El Gobierno defiende con el fin de ETA (oficialmente desde 2018) ya no tiene sentido la disgregación porque la Ley Penitenciaria dice sobre la ubicación que se intentará evitar el «desarraigo social de los penados».
Sin embargo, las víctimas señalan que la organización criminal nunca ha colaborado ni con la Justicia ni con la Guardia Civil en la resolución de los casos. «La política de dispersión era también buscar una colaboración efectiva. Hay 379 asesinatos sin resolver y que no han prescrito y no se está pidiendo nada a cambio de los acercamientos. Se ha perdido una oportunidad de oro», lamenta el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Está asociación ha logrado a lo largo de 2022 que la Audiencia Nacional reabra varios sumarios para juzgar el papel de las cúpulas de ETA en crímenes como el del juez Querol, el atentado de Santa Pola, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordoñez. Precisamente, el autor de estos dos crímenes Xabier García Gaztelu, «Txapote», fue uno de los acercados en la última tanda que Interior anunció esta semana. «Me parece una indignidad y una temeridad por parte del Gobierno despreciar estas causas en la Audiencia Nacional», subraya Montero.
El Ejecutivo, que lleva en total 345 traslados, no es el que más presos ha enviado al País Vasco o territorios colindantes: con Felipe González se movieron 569 etarras; con José María Aznar 426; con José Luis Rodríguez Zapatero a 237; y con Mariano Rajoy solo 40, el que menos con mucha diferencia, según datos de la AVT.
Lo que marca la diferencia es que desde octubre del pasado año la competencia de las prisiones de Euskadi son del PNV. «Aquí no está cambiando nada, no se están recortando las condenas. Van a cumplir íntegramente todos estos presos», defendió el presidente Pedro Sánchez el jueves. Pero lo cierto es que la decisión de si cumplen o no ya no está en su mano. Y en esto las asociaciones de víctimas sí coinciden, van a estar vigilantes.
«A mí nunca me importando dónde cumplan condena los asesinos de mi hermano [Gregorio Ordóñez], lo que me importa es que la cumplan», señala la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), Consuelo Ordoñez. «Voy a estar muy atenta siempre a las progresiones de grado y se lo he dicho a ellos. Esto lo voy a mirar con lupa». En la actualidad, la mayoría de los presos de Euskadi están en segundo y tercer grado, desde los que pueden acceder a permisos y, eventualmente, a la semilibertad. La progresión de los grados la estudia en primer lugar la Junta de Tratamiento -formada por el director de la cárcel, juristas, médicos, psicólogos- que elaboran una propuesta en favor o en contra. Pero quien resuelve es la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en el caso de todos los presos en territorio bajo la jurisdicción de Interior y en el caso de las cárceles vascas ahora la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del País Vasco.
Estas decisiones son recurribles, no obstante, ante la Audiencia Nacional por lo que, al final, recae en el juez de vigilancia penitenciaria. Si bien, muchas veces durante el tiempo que tarde en resolverse el recurso que puede interponer el propio interno o la Fiscalía los etarras están en la calle. Este es el caso por ejemplo de «Fiti», a quien Euskadi concedió el tercer grado -junto a otros ocho etarras más- el pasado mes de marzo y el fiscal Carlos Bautista lo impugnó.
El Ejecutivo vasco ha concedido numerosos terceros grados en los últimos meses porque ya Urkullu avanzó cuando recibió el mando de Prisiones que su idea era hacer un régimen donde se priorizara la semilibertad.