Manoseando los tribunales
ElEl vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías le dijo el otro día a Carlos Alsina en su programa de Onda Cero que los partidos se dedican a «manosear» la Constitución. Tiene razón, aunque uno añadiría que no sólo la Carta Magna sino en general todos los tribunales. Se habla mucho del Poder Judicial como si de un auténtico tercer poder se tratara. Por desgracia no es así.
En España no hay verdadera división de poderes sino uno único que emana de las elecciones generales y luego designa al Ejecutivo y más tarde al Judicial. Para tener poderes independientes de verdad, lo que sería lo exigible a una democracia plena, el pueblo debe escoger en elecciones libres y separadas al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. De esa forma cada uno ejercería el contrapeso necesario para que no se llegue a una situación de rodillo. Elegimos a un Legislativo que a su vez designa al presidente del Gobierno (por tanto, al Ejecutivo) y más tarde controla los órganos de gobierno de los tribunales a través de lamentables pactos de reparto de cargos que no favorecen la independencia judicial, sino que la dinamitan, por mucho que tengamos magistrados muy profesionales. Lógicamente no se trataría de elegir a todos los jueces, sino a los principales órganos de la Judicatura, Fiscalía General del Estado incluida. Estaríamos así ante un poder judicial real, con legitimidad emanada directamente de la ciudadanía, que no tendría que estar agradeciendo un día y otro sus cargos a los políticos de turno.
Claro que eso no va a ocurrir nunca. Salvo excepciones muy contadas, el Legislativo coincide en general con el Ejecutivo, y la mayor parte de las veces suele trabajar a sus órdenes.
No va a permitir, por tanto, una reforma constitucional de tal calado, pues se siente cómodo designando a magistrados de su cuerda de los que después espera resoluciones a medida. Habrá pues que intentar mejorar el actual sistema que, en efecto, es perfectamente manoseable.
PSOE y PP se acusan mutuamente de bloquear el pacto para poder renovar el CGPJ. Ambos tienen razones, pero el resultado es la lamentable situación que nos ha llevado a la no renovación del 14 vacantes del Supremo (en meses serán 20), con lo que eso significa de estropicio para una institución ya de por si aquejada carencias de todo tipo. El Gobierno funciona como bien conocemos: ahora presiona y da un ultimátum a los magistrados del CGPJ que deben elegir a dos vocales del Tribunal Constitucional (TC), como si fueran los jueces los responsables del carajal montado por los partidos a cuento de la intervención en los tribunales. Intervención para ellos esencial, porque de esa manera tienen una Judicatura que les ayuda en sus batallas, con el lamentable resultado de que a veces los ciudadanos perciben que existe una Justicia para los políticos y otra bien diferente para la gente de la calle.
Dice Pedro Sánchez que todo es por culpa del PP. Alberto Núñez Feijóo expresó nada más llegar su disposición a la renovación conjunta del TC y del CGPJ y envió en julio una propuesta basada en reforzar la independencia tanto de los togados como de la Fiscalía. Pero al Gobierno sólo le interesan los nombres. Y pide nombres. Cuántos tú y cuantos yo, pues le apremia la urgencia que reclaman decisiones de la envergadura del aborto, la eutanasia o la resolución definitiva del caso Griñán, cuando proceda. Cuanto antes controle el CGPJ y el TC antes tendrá vía libre para consolidar los aspectos más discutidos de su proyecto social-podemita. Y si no puede mediante acuerdo, lo intenta impidiendo que se cubran vacantes, con el catastrófico resultado que hoy vemos en el funcionamiento de los tribunales. Prohibido cubrir vacantes y hacer nombramientos, salvo los dos que al Gobierno interesa para controlar ya el Tribunal Constitucional. Y si la operación no sale, la culpa es de los jueces, por ser de derechas. Tal es el manoseo.