La vicepresidenta de Ceuta apunta al Gobierno por las repatriaciones
►Asegura que «todo lo decidía Madrid» y ofrece las conversaciones a través de su móvil
Las polémicas devoluciones a Marruecos de decenas de los menores que entraron de forma masiva en Ceuta en mayo de 2021 durante la crisis diplomática con Rabat suma un nuevo capítulo tras la declaración ayer en sede judicial de la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP). Según ha podido saber LA RAZÓN, Deu llegó arropada al juzgado de Instrucción número 2 por el presidente de esta comunidad, Juan José Vivas, así como otros miembros del Gobierno de la ciudad autónoma en un claro gesto de protección política. Durante el interrogatorio, que se prolongó durante una hora y cuarenta minutos, reiteró en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada por su actuación durante la repatriación en agosto del año pasado de 55 menores migrantes sin compañía marroquíes al margen de la Ley de Extranjería que aquella actuación fue una respuesta pactada por el Estado frente a la «emergencia» desatada en la ciudad tras la crisis migratoria a raíz de la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Deu, según explicó por teléfono a LA RAZÓN el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, –que ha ejercido la acusación acusación popular en este proceso– señaló que «todo lo decidía Madrid». La dos principales novedades, según estas fuentes, son que señaló a otros altos cargos del Ministerio de Presidencia, que entonces ocupaba Carmen Calvo. Según su testimonio, era su nexo con el resto del Gobierno de España, disminuyendo la participación de la Delegada en Ceuta, Salvadora Mateos, a una ejecutora de las instrucciones de «Madrid» y amparándose en que la adopción de medidas se acometió con el conocimiento, aprobación y autorización de todo el Gobierno de España, al que ha implicado de lleno. Además, ofreció al juez aportar todas las comunicaciones que mantuvo con jefes de Gabinete y otros responsables de los ministerios a través de su teléfono móvil.
En el proceso se piden hasta quince años de inhabilitación para cargo público por una acusación de prevaricación administrativa continuada mientras que la Red Española de Inmigración y Ayuda solicita ampliar la responsabilidad a altos cargos del Gobierno, de hasta cuatro ministerios. Precisamente, esta ONG anunció ayer que registrará en sede judicial una nueva batería de pruebas dirigidas a incorporar nuevos testigos procedentes de entidades sociales como Save the Children, Cruz Roja o Amnistía Internacional, así como que solicitará, ya que ha sido ofrecido en sala por la vicepresidenta, los mensajes de Whatsapp de la misma con el conjunto de cargos del gobierno y, adicionalmente, los que ya la Delegada del Gobierno reconoció haber remitido (con listados de menores) a diversas autoridades y cargos del Ministerio del Interior y otros departamentos del Gobierno de España.
Testifica como investigada por un presunto delito de prevaricación durante la crisis