Las incongruencias de la ley de Equidad
ElEl Gobierno ha hecho suyo, si bien algo modificado por la ministra de Sanidad, un proyecto de ley, llamado de «Equidad», presentado en la primavera por Podemos en el Congreso. Y, con ello ha abierto la caja de los truenos en un área que como se empiece a ventilar, va a traer consecuencias electorales importantes, sobre todo si los Partidos de la «derecha» supieran hacer pedagogía y defendieran de verdad una reforma del sistema sanitario camino de su deterioro más profundo desde la creación en los años sesenta del siglo pasado.
El caso es que tenemos la Ley de Sanidad del año 1986 más totalitaria de Europa, en la que se garantiza la financiación pública de la sanidad por parte del Estado, dejando a la Seguridad Social la obligación contraída en la Ley de Bases de la misma y con ello entrar en el modelo estatalista y por ende lleno de incertidumbres de futuro de las arcas del «dios Estado», que ya se ve que ha dejado estancado el presupuesto sanitario en todos los países que han optado por el modelo. La muerte de Isabel II ha enmascarado el problema del NHS, nuestro emulado sistema. Ya allí se discute de una reforma para sacarlo de la atmosfera totalitaria de la prestación pública, que siendo menos atosigante que la española, ya ha demostrado su ineficiencia.
España tiene una organización sanitaria totalitaria socialista, y en manos de los políticos cambiantes de las comunidades autónomas, que en las transferencia estaban encantados y ahora les quema su gestión porque es fuente constante de insatisfacciones de los ciudadanos, que se traducen en votos que pasan de uno a otro lado. La cantinela de lo público y de lo privado se arroja de un lado a otro de la mesa, para acusar y que la población se «oriente» en quién defiende y quién ataca al sistema.
El debate así concebido coloca a todos al final en un lado: ya todos creemos en que la prestación es pública y así lo hace el PP con bastante facilidad desde hace años, salvo unos períodos cortos de balbuceo «post aznarista».
El PSOE, que también tuvo sus balbuceos en dirección aperturista en los años de la Comisión Abril y se convenció de las bondades de abrir la provisión a la colaboración públicoprivada, ha encontrado rentable políticamente atacar la «tímida privatización» del Partido Popular. Con la llegada de la «ultraizquierda» la posición se hace más radical. Y así en Valencia le ha llevado con fracaso a la «jura de Santa Gadea», y a hacer que el PSOE y su indefinición cometa a través del señor Ximo Puig un error histórico de cerrar alternativas que han demostrado, y quien lo dude que lo pregunte que se le explica a fondo, su eficiencia, menor coste y mejor calidad, menos lista de espera y más prestaciones.
Y en ese orden, ahora se conducen al Congreso los mismos atomizados por diversas políticas, pero unidos en la conversión marxista del maltratado Sistema de Salud. Y a darle una vuelta de tuerca en esa dirección por si han de abandonar el poder. Y en estos días estamos asistiendo a una «pelea» de ver quién es más totalitario dentro del Gobierno. Por lo pronto la ministra, a mi juicio, se ha equivocado tratando de «dulcificar» el escrito de sus socios y ahora enfrentarse a todos. Y, es que se han despertado las diferencias con otros partidos de los alineados con el Gobierno para sus políticas generales.
De poco sirven las posiciones de Cs y VOX, y la indefinida del PP, que personalmente desconozco. Son las de los partidos que estuvieron en CIU en su momento, que pasan por tachar de centralista la ley porque viene a definir que los recursos de prestación han de ser públicos, digamos radicalmente públicos, invalidando lo existente, que yo califico de «balbuceos o experiencias validas para comparar». Pues bien, los políticos del PdCAT han dicho que ellos llevan cien años compartiendo recursos de varias procedencias y que eso es el modelo catalán y no piensan cambiarlo. Y, además, acusa de incongruente al Gobierno por no tocar a los funcionarios y su peculiar sistema.
Con ello se ponen en el tapete las incongruencias de los que se han colocado de parte del Gobierno con políticas sociales enfrentadas, unidos por izquierdismo en unos casos y por independentismo en otros.
Y la incógnita es: ¿dónde se colocará ERC? Su corazoncito estará en la radicalización, pero ¿será capaz de decirlo en Cataluña? La burguesía catalana que paró la expansión de la Dictadura en residencias y ciudades sanitarias, para conservar su modelo, ¿será capaz de uniformarse a la ley, o una vez más pensara que le da lo mismo lo que diga la ley porque ella lleva su marcha?
Y es que, nuestra sociedad no se entera de que lo que se está jugando en la partida es la radicalidad del sistema de nuestro modelo de Estado de Bienestar que se ha metido en las incongruencias del sistema marxista en las áreas de la sanidad, enseñanza, pensiones, desempleo, y dependencia.
Se hacen leyes y prestaciones, pero sin modelo de financiación y siempre con manejo público, y así a la destrucción del modelo, cómo aumentar las prestaciones bucodental, Car-T o psicólogos, sin que nadie haga un cálculo financiero y habilite los fondos, si es que se hace un verdadero estudio de rentabilidad.
Y al PP, que tan mal sabe defender la errónea posición de la derecha, también le gusta jugar a que cura porque abre centros, enseña porque abren escuelas, o abre residencias de tercera edad, como hace ahora mismo en Andalucía, Madrid o Castilla y León. No, más de lo mismo, si no se sabe, ni se puede gestionar.
A la sociedad española le urge tener unos políticos congruentes que sepan exponer con realismo la situación del denominado Estado del Bienestar y decir cómo se hace frente con políticas públicas a la financiación, y enseñar por qué para la prestación se deben abrir a la sociedad los recursos que mejor presten el servicio. Y estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos no quiere funcionarios para todo, a no ser que nos coloquemos todos. Eso es la docencia que hay que hacer en la larga campaña electoral, sin ambages y sin posicionamientos «tácticos» que conducen al engaño de uno y de otro lado.
España tiene una organización sanitaria totalitaria socialista
Se hacen leyes y prestaciones sin modelo de financiación