La Razón (Cataluña)

Llarena acerca al banquillo a Anna Gabriel

► El Supremo debe decidir si envía la causa contra la exdiputada de la CUP a Cataluña

- R. C.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cerrado la investigac­ión a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por su papel en el «procés». Una semana después de su comparecen­cia en el Tribunal Supremo –donde negó que desoyera al Tribunal Constituci­onal (TC) durante el proceso independen­tista en Cataluña en 2017–, el instructor ha cerrado el sumario respecto a Gabriel, que ahora está a un paso del banquillo para ser juzgada por la supuesta comisión de un delito de desobedien­cia.

En su resolución, el magistrado acuerda la conclusión del sumario y remite la causa a la Sala de lo Penal del Supremo.

Ahora, y una vez el procedimie­nto esté en manos de la Sala de lo Penal del alto tribunal, está por ver si los magistrado­s deciden juzgarla en el Tribunal Supremo o remitir la causa a Cataluña para que sea allí donde responda ante la Justicia.

La exdiputada de la CUP compareció por sorpresa el pasado julio ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo después de cuatro años huida de la Justicia española en Suiza.

Ante Llarena, Gabriel insistió en que no recibió ningún requerimie­nto del Tribunal Constituci­onal instándole a no seguir adelante con la tramitació­n de las leyes de desconexió­n que prepararon el terreno para la Declaració­n Unilateral de Independen­cia (DUI) el 27 de octubre de 2017. En esa misma comparecen­cia, la expolítica aseguró al juez que decidió huir a Suiza «por motivos personales», según fuentes presentes en su declaració­n.

Tras ponerse a disposició­n del instructor en julio, Llarena acordó su libertad y dejó sin efecto la orden nacional de búsqueda y detención contra ella. Solo tuvo que designar un domicilio y un teléfono para estar localizada y compromete­rse a acudir al Supremo cada vez que fuese requerida.

El delito de desobedien­cia no conlleva pena de prisión, sino una pena de multa de hasta doce meses y la inhabilita­ción especial para empleo o cargo público durante dos años como máximo, por lo que mientras estuvo huida no pesaba ninguna orden europea de detención sobre ella.

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