Las listas de espera se dispararían sin el pacto con la privada Sergio Alonso. Con el plan de Podemos el sistema público colapsaría por la afluencia de pacientes
► Eliminar los conciertos acarrearía un sobrecoste de 1.200 millones y el tiempo para operarse subiría a un año
LaLa ofensiva anunciada por Unidas Podemos contra la colaboración público-privada en Sanidad a través de la formulación de enmiendas a la llamada ley de equidad que se tramita en el Congreso de los Diputados podría tener consecuencias devastadoras para el actual Sistema Nacional de Salud. En caso de que dicha colaboración fuera meramente residual hasta abocar a su práctica desaparición, como pretende la formación morada, se dispararían aún más las listas de espera para diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, y aumentaría también el coste que actualmente desembolsa el Estado por la asistencia médica de cada ciudadano.
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que integra al sector sanitario privado, calcula en concreto que las listas de espera para primeras consultas subirían un 153% y el tiempo medio para acceder a ellas lo haría en 58 días.
De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, los ciudadanos se veían obligados a aguardar el pasado 31 de diciembre –fecha de las últimas estadísticas disponibles– una media de 89 días en el conjunto de las especialidades para poder acceder al especialista, aunque en algunas comunidades autónomas el tiempo era mucho mayor. En Aragón, por ejemplo, la demora media se elevaba hasta los 160 días.
Con la desaparición de la colaboración público-privada que desean los socios del PSOE en el Gobierno, el tiempo medio pasaría de esos 89 días en el conjunto del país a 147 días o, lo que es lo mismo, casi cinco meses. Un periodo letal en patologías graves como las coronarias o el cáncer, por citar dos especialidades. Pero no solo se verían afectadas las consultas diagnósticas. La demora media para una operación en el conjunto del país se incrementaría un 102%, según los análisis del IDIS, y el tiempo medio para pasar por el quirófano que soportan los pacientes se elevaría en 75 días.
El Ministerio de Sanidad estimaba que a finales del pasado año había 706.740 enfermos aguardando una intervención quirúrgica –el récord histórico en España– y que esperaban de media 123 días, por lo que el fin del auxilio de las clínicas y hospitales privados concertados para operar dispararía la demora quirúrgica hasta los 198 días o, lo que es lo mismo, 6,6 meses. La suma resultante del tiempo que debería aguardar el enfermo para ser diagnosticado y luego intervenido sería de alrededor de 11 meses y medio.
No son estas, sin embargo, las únicas consecuencias que provocarían los deseos de Unidas Podemos si llegan finalmente a materializarse con el apoyo del PSOE durante la tramitación parlamentaria de la ley, cuyas enmiendas a la totalidad empiezan a tramitarse hoy. Los índices de ocupación hospitalaria, medidos a través de la ocupación de camas, pasarían del 70,6% actual, al 85%, y el coste para las arcas públicas derivado de asumir directamente la asistencia que ahora proporcionan los centros sanitarios concertados se incrementaría en una horquilla de entre un 25% y un 35%.
De esta forma, la reducción de los conciertos acarrearía al sistema sanitario público un sobrecoste cifrado en 1.200 millones de euros. Desde el punto de vista asistencial el sistema público tendría que asumir cerca de seis millones de estancias y 11 millones de consultas, según las tablas anuales de 2020 publicadas por el Ministerio de Sanidad.
La diferencia de precio media calculada de las estancias y consultas en centros concertados es de 135 euros y 28 euros, respectivamente, según los datos disponibles en los boletines de algunas comunidades autónomas. En otros términos, las estancias en centros concertados son aproximadamente un 47% más económicas que en centros públicos y las consultas cerca de un 36%.
La absorción de dicha actividad por parte del sistema público supondría un aumento del coste de alrededor de 800 millones de euros derivados de las estancias y otros 306 millones de euros de las consultas primeras, sucesivas y de alta resolución, como apunta el IDIS en un informe en el que analiza el impacto de la colaboración privada pública.