¿Mesa de diálogo y anuncios a la vista?
► Gobierno y Govern negocian la agenda de «desjudicialización» con discreción
El Gobierno ha recuperado la mayoría de la investidura, como reflejan las últimas votaciones en el Congreso, y parece dispuesto a volcar todos los esfuerzos para amarrarla de aquí a final de legislatura. Sobre todo, con la mirada puesta en los presupuestos de 2023. Si bien, habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar en sus cesiones a Esquerra: los republicanos pretenden abordar toda su agenda de «desjudicialización» antes del 31 de diciembre y quieren compromisos para empezar a negociar los presupuestos del Estado para 2023.
La agenda de «desjudicialización» se antoja clave porque al Govern le urge buscar una solución para los muchos políticos y activistas independentistas todavía con problemas con la justicia por el «procés». Y cualquiera de estas causas puede, además, convertirse en un terremoto para la estabilidad que busca Pere Aragonés en el Govern: principalmente, la de Carles Puigdemont, que podría ser entregado pronto a España. Por ello, los republicanos, que evitan ahora pedir la ley de amnistía porque son conscientes de que es inviable, buscan acelerar la negociación con el Gobierno sobre reformas legales en el Congreso que permitan dar oxígeno a los encausados, como la rebaja de la sedición (que afectaría directamente a Puigdemont) o modificaciones en el Tribunal de Cuentas (que ha reclamado fianzas millonarias por los gastos del «procés»).
En este sentido, según explican voces conocedoras de los entresijos de la negociación, el Gobierno y el Govern están negociando con «discreción» las exigencias a través de la mesa de diálogo, foro que se reactivó a finales de julio. No obstante, las mismas voces evitan dar detalles sobre el estado de la situación, pero sí que hay que fuentes que señalan que podría volver a reunirse muy pronto de manera oficial, lo que significa que podrían anunciarse avances.
Gabriel Rufián vino a decir ayer en el Congreso que sin reforma de la sedición no habría apoyo a los presupuestos. El Gobierno recogió el guante y se abrió a negociar esta reforma, aunque sin llegar a lo que pide ERC, que es suprimir el delito. No obstante, tampoco Esquerra está ahora por el desafío y la estrategia radical de JxCat. Pere Aragonès, desde el Parlament, mostró su hoja de ruta con el Gobierno: más allá de la «desjudicialización», apostó por medidas económicas y sociales y anunció que quiere proponerle al Estado un «Acuerdo de Claridad», en la línea de Canadá y Quebec que identifique «cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir».
Estos contactos entre ERC y Gobierno, en todo caso, certifican también lo que explican desde Esquerra: las relaciones con el Gobierno están en fase de «reconstrucción» tras varios meses al borde de la ruptura. El clima ha mejorado mucho, como es evidente, de cara a los presupuestos. Esquerra fijará sus exigencias en el aumento del gasto social, en peticiones de inversiones para el territorio (es año electoral y esas partidas pueden ser claves para muchos alcaldes de toda España), en avances en el Corredor del Mediterráneo o en la apuesta por la eficiencia energética.
Junts per Catalunya es consciente de esta situación y está tratando de poner en jaque al Govern. Tras la manifestación del 11-S el ambiente se ha caldeado y la reunión mantenida entre Junts per Catalunya y ERC no acabó con acuerdo. Solamente uno: ambos partidos rechazan la esotérica petición de la ANC de hacer una Declaración Unilateral de Independencia el año próximo. Solo el vicepresidente Jordi Puigneró avaló la extravagancia de la ANC y ahora ve peligrar su puesto porque el sector partidario de no romper el Govern lo pone en cuestión. Junts apela a Aragonés para buscar una salida para no abandonar el ejecutivo tras el debate del Estado de la Autonomía que empieza el día 27. ERC no cede, no habrá unidad de acción en Madrid, en la Mesa de Diálogo solo estará el gobierno y no da ni un paso para formar un «estado mayor» del independentismo. Ahora la fórmula pasa por cambios en el Govern y el sector pragmático de Junts ha puesto la directa.