La zozobra del carcelero Mikel Buesa
NoNo parece que al lehendakari Urkullu le vaya demasiado bien en el oficio de carcelero. Desde que el País Vasco se hizo con las competencias penitenciarias –de indudable interés político, pues de ellas depende que el PNV pueda salir airoso en la liquidación de los coletazos postreros del terrorismo– todo se ha ido torciendo en el día a día. La cosa empezó con que no se pudieron completar las plantillas, a pesar de los incentivos económicos, y ahora buena parte de la función carcelaria está en manos inexpertas. Después vino el goteo de etarras trasladados a los establecimientos de la región para lo que, curiosamente, hubo que desplazar fuera de ellos a una parte de sus ocupantes. Claro que, según dicen, esto no era un problema porque había mucho maketo.
Entre medias empezó eso del «modelo penitenciario vasco», un tinglado destinado a los presos de ETA, ideado al modo indulgente –como lo de Maixabel–; o sea, pensado para las buenas personas que, aparte de matar, no portan ningún otro inconveniente, aunque sorprendentemente se les considera oficialmente como un «colectivo en riesgo de exclusión». Y por eso, se trata de facilitarles su «reinserción» dentro de la cárcel –con celda individual, autogestión en los módulos reservados a terroristas, incluida la cocina, trabajo remunerado, formación profesional y otras minucias– para luego propiciar su «reintegración» en la sociedad –con piso incluido, empleo, prestaciones sociales y lo que haga falta–. Todo, además, a una velocidad de vértigo, pues en un año escaso casi un tercio de los 116 etarras trasladados a las prisiones de Urkullu ya tienen el tercer grado o la libertad provisional.
Pero hete aquí que el carcelero se ha cruzado con una justicia que no controla; y eso es motivo de zozobra, pues la fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictaminado que dos de cada tres cambios de grado para beneficiar a los de ETA no son legales. Se desbaratan así sus planes de presentarse ante los electores como el hacedor del epílogo del terrorismo; o sea, de una «resocialización de los internos que beneficiará a la sociedad en su conjunto», según ha apuntado la consejera de Justicia. Entretanto, enfrente acechan los de Bildu y los más fieros de GSK.