Servicios esenciales: urge una correcta financiación
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EnEn España hay sectores profesionales considerados esenciales, pues sin ellos las necesidades básicas de millones de personas no se verían cubiertas. Están integrados por empleados de distintas administraciones o empresas que dan un servicio público considerado universal en el mundo desarrollado. El acceso a ellos es derecho de todos los ciudadanos. Ejemplos son el acceso a la electricidad, el gas, servicios de transporte, seguridad, alimentos, productos sanitarios y, por supuesto, todas las actividades relacionadas con la salud y el bienestar social.
Hoy, en el Día Internacional de las Personas de Edad, se pone de relieve la difícil situación de este grupo de edad, y la de los trabajadores dedicados a su cuidado. Cerca del 20% de la población en España es mayor de 65 años, un porcentaje que aumentará en los próximos años. Con ello vendrá la necesidad de más servicios de asistencia especializada. Esta se traduce, por ejemplo, en centros de día, residencias o gestión de Servicios de Ayuda a Domicilio.
La atención a las personas de edad por parte de la Administración es sin ninguna duda un servicio esencial cuya licitación se adjudica mediante concurso público. La empresa que la obtiene presta ese servicio bajo el modelo de gestión indirecta. Es decir, en representación de la Administración pública. Las condiciones específicas de este encargo se estipulan en un contrato entre ambas partes (la empresa y el Gobierno), en el cual, entre otras cosas, se establece cuál es el precio que se cobrará al usuario final. Esa dotación económica otorgada por la prestación del servicio no puede revisarse durante el tiempo de vigencia del contrato bajo ninguna circunstancia.
Esta regulación, en muchos casos, deriva en un problema tanto para la empresa como para el beneficiario, pues si se registra una alta inflación, o hay otros cambios inesperados en la economía, cuadrar nóminas y otros apartados a presupuestos hechos con antelación se convierte en irrealizable para los empresarios.
Dichos cambios o variantes imprevisibles pueden ser de diferente naturaleza, como explica a LA RAZÓN Valeriano López Afán, presidentedeASADE(AsociaciónEstatal de Entidades de Servicios a Domicilio), que recuerda situaciones que sehandadoenelpasado.«Elsalario mínimo ha sido aumentado por la
Administración. Esto exige, desde luego,quelaempresasubaelsueldo de los trabajadores que entran en ese sector. Pero la ley impide que se analicelalicitaciónoriginalyseajustenlosprecios,conlocuallaempresa debe asumir el coste completo», explica López Afán.
«Esto afecta a todas las empresas quenosdedicamosadarunservicio público, pero repercute directa y fundamentalmente sobre ASADE, pues el 95% de los contratos de este sector son públicos», continúa López Afán. Pese a que es uno de los sectores con mayor incremento de demanda,esextremadamentesensible a variaciones imprevistas de la situación económica o social debido a estas rígidas regulaciones.
Esto se traduce a menudo en retribuciones injustas a los trabajadores que dan todo de sí cada día para que los mayores tengan una vida digna, con el mejor cuidado posible. Cada adulto mayor es mucho más que una estadística, es el padre o madre, abuelo o abuela de alguien. La residencia o cuidado a domicilio que tiene debe cubrir todas sus necesidades y la Administración tiene que proporcionar financiación suficiente para prestar una atención adecuada.
Una propuesta de solución
«Entendemos que es lógico que no suban los precios de manera arbitraria –continúa el presidente de ASADE–, pero proponemos que se permita la revisión del precio de la licitación en tres casos. Primero: cuando se produzcan alzas en estos porcambiosenlosconvenioscolectivos; segundo, si el costo sube por cambios en la Administración, como el incremento del salario mínimo; y tercero, en el caso de que sean cambios que no se podían haber previsto cuando se firmó el acuerdo». Afán aclara que se ha trabajado desde la patronal sobre esta línea y que la recepción del Gobierno ha sido escasa.
«Esto afecta a las empresas de Servicio de Ayuda a Domicilio y cuidado de adultos mayores, porque, aunque estas siempre quieran dar el mejor servicio posible, si las condiciones de la licitación son malas, el servicio será malo», dice López Afán. «A la larga esto supone la salida de muchos profesionales hacia otros sectores que puedan ofrecer un salario justo», explica. «Para los usuarios finales del servicio, en este caso, los mayores, desde luego la consecuencia es que se ve una repercusión negativa en la calidad del servicio», concluye.