El caso de los pisos turísticos ilegales abre un cisma en el Ayuntamiento
► El PSC duda de la legalidad de resarcir a una concejala y una trabajadora que alertaron de la presencia de estos inmuebles
ElEl pleno de Barcelona reconoció ayer institucionalmente a la exconcejal Itziar González y a la trabajadora Lourdes Conesa por haber alertado de las irregularidades en la concesión de licencias de pisos turísticos de Ciutat Vella.
La sesión plenaria ha aprobado dos proposiciones de ERC y de BComú con los votos a favor de los republicanos, los comuns, Junts y Cs, y la abstención del PSC, PP, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló.
A parte de reconocer a González y Conesa, las proposiciones (la de ERC fue transaccionada con BComú) piden abrir un expediente de responsabilidad patrimonial para estudiar resarcir a ambas, y reforzar y mejorar los protocolos para proteger a las personas alertadoras de corrupción.
En rueda de prensa antes del pleno, la alcaldesa, Ada Colau, anunció que firmó un decreto en el que insta a la gerencia del distrito de Ciutat Vella a iniciar dicho expediente tras haber mantenido una reunión con González y Conesa en el consistorio para trasladarles trasladarles su apoyo. El PSC, que no ha participado en la comparecencia de Colau, González y Conesa, ha explicado durante el debate de las proposiciones que no comparte la posibilidad de resarcimiento porque tiene «serias dudas legales» de que el Ayuntamiento pueda hacerlo.
La concejal socialista Montserrat Ballarín opinó que el resarcimiento debería solicitarse a partir de una demanda por parte de las afectadas y ha mostrado su reconocimiento a ambas: «Nos congratulamos de lo que ha acabado diciendo la sentencia».
Para Colau, la propuesta –que dijo se ha trabajado con González y Conesa– «es muy asumible para todo el mundo, más allá de las opiniones que se puedan tener sobre temas colaterales» e insistió en la proactividad de las administraciones ante estas prácticas.
La concejal de ERC Elisenda Alamany criticó la ausencia de los tenientes de alcalde, Jaume Collboni y Laia Bonet (PSC), durante el debate de las proposiciones en el pleno, y pidió centrarse en el cambio de mecanismos «para que esto no vuelva a pasar».
Por su parte, el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa (BComú), defendió que el Ayuntamiento «tiene el convencimiento que facilitar la alerta interna ante la corrupción es un elemento indispensable».
En la misma línea, los concejales Jordi Martí (Junts), Paco Sierra (Cs), Josep Bou (PP) y Barceló mostraron su apoyo a González y Conesa y su voluntad de aumentar los recursos que permitan trabajar con eficacia para evitar situaciones similares.
De esta manera, Colau firmó un decreto en que solicita que «se incoe de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial para determinar si existe algún daño de los que han sufrido González y Conesa que pueda atribuirse a la actuación del consistorio, dándoles traslado para que puedan aportar todas las pruebas que consideren conveniente en las alegaciones oportunas».
Las dos trabajadoras sufrieron amenazas, incluso de muerte, con motivo de la denuncia de esa trama de corrupción, hace quince años, durante el mandato de Jordi Hereu.
El pasado 8 de septiembre la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a 17 personas por cohecho, prevaricación y falsedad en la tramitación de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella entre los años 2005 y 2009 que denunciaron González y Conesa.
Visiblemente emocionada y con la aguja que distingue a los concejales de la ciudad en la solapa, Itziar González, que dimitió como edil del PSC por la situación en que se encontró, agradeció el apoyo a los grupos presentes y lamentó que no estuvieran miembros de todos, especialmente el socialista.
González, reconoció que está enfadada, dolida y siente resentimiento, y subrayó su compromiso con el grupo municipal socialista cuando formaba parte de él, y acusó al actual de hacer una «lectura frentista» y no querer reconocer su error.
«Lo que más daño me ha hecho es la deshumanización. La falta de empatía», señaló la ex concejal, ahora presidenta del observatorio ciudadano contra la corrupción, que lamentó que haya políticos y funcionarios «que son más maquina de la administración que personal de administración publica».
Itziar Gonzàlez y Lourdes Conesa detectaron irregularidades en las concesiones