Abanderado de la batalla fiscal
Ximo Puig Presidente de la Generalitat Valenciana
FueFue el primer socialista en iniciar la carrera de la presión fiscal, lo que ha provocado una auténtica revolución entre los «barones» regionales del partido. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció a bombo y platillo una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros, en un choque frontal con los postulados del Gobierno de Pedro Sánchez. Ello le ha valido fuertes críticas de ministros del Ejecutivo y un cierto cambio de paso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refugia en las llamadas «rebajas selectivas», pero se olvida de las clases medias, grava a las empresas que generan empleo y persiste en el discurso demagógico «contra los ricos». Lo cierto es que la decisión de Ximo Puig supone un desafío a la política fiscal de Pedro Sánchez y ha forzado a mover pieza a otros presidentes autonómicos del PSOE. Así, tras el paso dado por el valenciano, se han sumado líderes como el extremeño Guillermo Fernández Vara, el aragonés Javier Lambán y el castellanomanchego Emiliano García-Page, que se reserva sorpresas para su debate de la región la próxima semana. La posición de Ximo Puig, abanderado de la batalla fiscal, suscita un gran debate en el escenario político de la reducción de impuestos.
En un momento de grave crisis económica, el alivio fiscal a las rentas medias y bajas cayó como un jarro de agua fría en La Moncloa. La ministra de Hacienda se vio obligada a dar un giro, aunque instalada en la eterna falacia contra las empresas y los grandes patrimonios, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reclamó «orden y coordinación» entre las comunidades autónomas socialistas. El malestar es grande en el Ejecutivo, dado que este goteo de reducción de impuestos entre los «barones» del PSOE supone un respaldo a las medidas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, encarnadas en sus dos presidentes autonómicos más emblemáticos: la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz, Juan Manuel Moreno. En La Moncloa asumen que este debate da alas al PP ante un horizonte electoral complicado el próximo mes de mayo. Nadie duda que Ximo Puig realiza su anuncio fiscal en medio de unas encuestas adversas, al igual que el resto de sus compañeros preocupados por los comicios municipales y autonómicos. autonómicos. Aunque el valenciano insiste en que sus medidas «son para los que menos tienen frente a las rebajas de los ricos del PP», dirigentes territoriales del PSOE temen que las políticas de Pedro Sánchez les propinen «un severo castigo» en las urnas.
El presidente de la Generalitat Valenciana atraviesa un momento político muy delicado, tras la dimisión de quien fuera su vicepresidente, Mónica Oltra, por el escándalo de abusos sexuales a una menor tutelada por su exmarido y la investigación judicial sobre su hermano Francis por supuestas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas. Estos turbios asuntos colocan a Ximo Puig en la cuerda floja. Su hermano, el empresario Francis Puig, compareció ante el juez a raíz de una querella presentada por el PP que supone el primer caso de presunta corrupción en el entorno familiar del presidente socialista. Incluso la contratación de su propio hijo en una empresa de comunicación de su tío Francis forma parte de un informe de la Guardia Civil utilizado por la Fiscalía para pedir la imputación del hermano de Ximo Puig, acusado de un delito de fraude en subvenciones públicas, duplicidad de facturas y falsedad documental. La defensa de Francis Puig se ampara en que la cantidad no supera los 120.000 euros, cifra exigida por el tipo penal en estos delitos. Desde la Generalitat se acusa al PP de «un montaje» político contra su presidente y los socialistas valencianos.
En paralelo, el llamado «caso Oltra» arrastra ya 16 imputados, entre ellos la propia Mónica, en una investigación sobre si personal de su Consejería ocultó supuestamente las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, imputada por presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión en la persecución de delito. La exvicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, lideresa de Compromís, partido que sustenta al Gobierno valenciano, está al borde del banquillo tras haber admitido que encargó el polémico informe psicológico que desacreditaba a la menor tutelada por su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel. Un turbio asunto de abusos sexuales que preocupa mucho en el entorno del presidente Ximo Puig, lo que podría llevar a un adelanto electoral. Según estas fuentes, Puig estaría meditando el tema y su anuncio de rebajas fiscales se encuadraría en una clara maniobra política, ante una posible ruptura del Pacto del Botanic que le permitió sentarse en la Presidencia con el apoyo de Compromís y Podemos.
Joaquín «Ximo» Fancisco Puig Ferrer nació en Morella (Castellón) y ejerció muchos años como periodista en diversos medios informativos de la Comunidad Valenciana. Militante del PSPV fue elegido diputado por Castellón en las Cortes valencianas en 1983 y en las elecciones municipales de 1995 fue alcalde de Morella, portavoz socialista en la Diputación de Castellón bajo la presidencia del popular Carlos Fabra y diputado en las Cortes autonómicas. En el año 2012 fue elegido secretario general del PSPV. En 2015, gracias a los votos de los socialistas, Compromís y tres diputados de Podemos, alcanzó la presidencia de la Generalitat Valenciana y puso fin a dos décadas de poder del PP en la Comunidad. Cuatro años después, tras un acuerdo tripartito entre el PSPV, Compromís y Podemos, se firmó en el Castillo de Santa Bárbara, Alicante, la segunda edición del Pacto del Botánic y fue reelegido presidente con Mónica Oltra y Rubén Martínez como vicepresidentes, miembros de los partidos que apoyan al nuevo Gobierno. Por ello, tras la dimisión de Oltra, Compromís atraviesa una crisis interna que puede forzar a Ximo Puig a convocar elecciones anticipadas.