«Mikel Antza» seguirá en libertad: el juez no ve riesgo de fuga
► Rechaza acordar su prisión por el atentado de Santa Pola, como pedían las víctimas
El exdirigente de ETA Mikel Albisu, « Mikel Antza», seguirá en libertad. Tras dos comparecencias judiciales en apenas diez meses por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco como integrante de la cúpula etarra en el momento de los hechos, ayer había sido citado (por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián) por el juez Manuel García Castellón en relación al atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) que en agosto de 2002 causó dos víctimas mortales, una de ellas una niña de seis años.
Estavez,DignidadyJusticia(DyJ) y Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) sí solicitaron su ingreso en prisión provisional –que no respaldó el fiscal Vicente González Mota–, pero el instructor rebajó esa petición al no apreciar ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Finalmente, «Mikel Antza» y el también exjefe de ETA Ramón Sagarzazu, «Ramontxu», mantienen su situación de libertad, aunque el primero no puede salir de España, se le retira el pasaporte y debe comparecer mensualmente en el juzgado. A efectos prácticos, esas cautelares resultan irrelevantes pues Mikel Albisu ya tenía prohibido salir del país por el propio García Castellón desde el pasado julio (en la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando además le impuso la obligación de acudir al juzgado cada 15 días) y desde antes (en diciembre del pasado año) por el también magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal (en la causa por el asesinato de Gregorio Ordóñez).
Respecto de Ramón Sagarzazu, el instructor le conmina únicamente a designar un domicilio donde pueda ser localizado.
«Mikel Antza», exjefe del «aparato político» de ETA y Sagarzazu, que supuestamente estuvo al frente del área internacional de la organización, comparecieron en el marco de la investigación a seis exjefes etarras por el atentado de Santa Pola en el que el 4 de agosto de 2002 fueron asesinados la menor Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego, de 57 años, que esperaba el autobús junto al cuartel cuando se produjo el estallido.
En su resolución, el juez señala que Mikel Albisu está localizado, posee arraigo en España y no es previsible que vaya a huir (no lo ha hecho en las otras dos causas en las que está investigado desde hace meses). Respecto a la posible destrucción de pruebas, sostiene que han transcurrido ya más de 20 años desde los hechos investigados, por lo que no es previsible que vaya a suceder. Y en cuanto a que pueda volver a delinquir, dice que ahora no existe dicho riesgo «ante la disolución de la organización terrorista ETA y el cese en sus actividades criminales».
La decisión judicial se produjo tras las comparecencias telemáticas de ambos y de otros dos investigado. Pero solo uno, el propio Sagarzazu, declaró finalmente (aunque únicamente a preguntas de su abogado, del juez y del fiscal González Mota). Lo hizo para negar cualquier responsabilidad en el atentado, además de hacer hincapié en que fue condenado en Francia como militante de ETA, desvinculándose de la supuesta dirección del «aparato internacional» de la banda terrorista.
«Mikel Antza», Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica (estos dos últimos desde prisión, esgrimiendo su defensa que Francia no acordó su entrega por estos hechos) se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que las comparecencias de María Soledad Iparraguirre, «Anboto» (por problemas en el traslado entre centros penitenciarios), y Juan Antonio Olarra Guridi (que cumple condena en el centro penitenciario francés de Lannemezan y no fue citado ayer finalmente) no se llevaron a cabo.
Todos ellos, según un extenso informe de la Guardia Civil de más de 300 folios que ya tiene en sus manos García Castellón, ordenaron el atentado como integrantes del comité ejecutivo etarra, del que supuestamente formaban parte entonces. Según fuentes jurídicas, los abogados de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Vanessa Santiago, expusieron que sí existe «un riesgo real de huida» de «Mikel Antza» y Sagarzazu. En el caso del primero, por la «experiencia» que acumuló durante los años en los que desarrolló su labor de «organizador del comité de refugiados y deportados» etarras huidos de la Justicia y su amplia red de contactos en el extranjero. Un riesgo de fuga que también contempla el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, que refrendó sin éxito la medida cautelar de privación de libertad.
En su informe, la Guardia Civil concluye que los seis exdirigentes etarras investigados participaron en «la decisión y facilitación de medios» para cometer la acción criminal. Teniendo en cuenta la estructura jerarquizada de ETA, defiende, es «bastante improbable» que el «comando Argala» decidiese atentar por su cuenta sin que mediase «una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas». Asimismo, mantiene que al disponer la Zuba de «suficiente capacidad de mando», pudieron «haber evitado el desenlace» y su «terrible resultado».
García Castellón le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer cada mes en el juzgado
Sagarzazu niega que dirigiese el «aparato internacional» en el momento del atentado