España solo tiene 15.000 de los 100.000 cargadores previstos
► La alta inversión y las trabas frenan su despliegue por el bajo uso actual del coche eléctrico
España cuenta con poco más de 15.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos públicos, con lo que está muy lejos del objetivo del Gobierno de alcanzar los 100.000 en 2023, debido, principalmente, al dilatado proceso de tramitación de licencias y de conexión a la red, que puede alargarse hasta dos años. Desde sectores implicados en el despliegue de esta red defienden que antes de poner objetivo numérico, habría que identificar las ubicaciones en las que deben estar esos puntos y procurar que los que hay funcionen.
En base a cálculos de los operadores de recarga integrados en Aedive, un buen ritmo para el despliegue de la infraestructura sería lograr 23.000 puntos en 2022 (cifra que prácticamente se alcanzará), 70.000 en 2025 y 255.000 en 2030. El despliegue no debe basarse en «números», sino en ubicaciones y tipo de recarga en cada una de ellas. Si fuera cuestión de matemáticas, muchos creerían que los 80.000 surtidores que hay en España son insuficientes para atender a los 30 millones de vehículos de combustión que suma el parque móvil español, explica el director director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía. En su opinión, la actual infraestructura es suficiente para atender al número y tipo de vehículos existente, aunque hay un 40% de puntos públicos instalados o en fase de instalación que sigue a la espera de la obtención de licencias o permisos.
Para acelerar el despliegue de puntos de recarga, el Gobierno dictó normativas que obligan a su instalación en las gasolineras con más ventas, centros comerciales o edificios del Estado, entre otros.
La principal petrolera de España, Repsol suma 950 puntos públicos instalados, de los que más de 450 están operativos, mientras que el resto está pendiente de permisos o de conexión a la red de distribución. «Tenemos barreras», dicen fuentes de Repsol, que señalan que apuntan a la obtención de licencias, la conexión a la red de distribución, la legalización de la instalación con Industria para contratar el suministro o la dificultad de recuperar la inversión por bajo uso. Instalar un punto de recarga de entre 350 y 400 kilovatios supone un inversión de unos 250.000 euros y, muchas veces, el coste de conectarse a la red representa un porcentaje muy elevado «llegando a frenar el desarrollo de la infraestructura por la baja utilización a día de hoy».
Desde la asociación de fabricantes Anfac han reclamado al Gobierno que elabore un «mapa» que fije dónde debe estar cada punto de recarga y con qué potencia, al igual que existe una estrategia de estaciones de servicio.