Más control contra los cárteles
El Gobierno trabaja en una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para regular con detalle cómo debe actuar una administración en caso de detectar posibles prácticas contrarias a la competencia en el transcurso de una licitación. Así consta en la respuesta dada por el Ejecutivo a la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, que había preguntado al Gobierno si contemplaba medidas para mejorar la detección de estas prácticas. Todo ello tras la sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis de las principales constructoras con multas por valor de 203,6 millones de euros.
El Ejecutivo especifica que la Ley de Contratos del Sector Público contempla medidas para evitar prácticas contrarias a la competencia, en colaboración con la CNMC, y cita particularmente un artículo que establece el traslado de indicios fundados por parte de la mesa u órgano de contratación. El citado artículo incluye la suspensión del procedimiento de contratación al remitirse dichos indicios, y también prevé la regulación del procedimiento al que se refiere este párrafo de forma reglamentaria. Sin embargo, el Gobierno informa en su respuesta de que trabaja en una modificación de la propia disposición legal, con el fin de «regular de una manera pormenorizada» en la Ley de Contratos qué procedimiento seguir en caso de detectarse este tipo de indicios. Añade, además, que la futura Estrategia Nacional de Contratación Pública contemplará medidas dirigidas a fomentar la competencia.