La Razón (Cataluña)

Antitransp­arencia

- Juan Ramón Rallo

LasLas institucio­nes políticas deben ser controlada­s y fiscalizad­as. Su enorme poder (tanto a la hora de regular nuestras vidas como a la hora de arrebatarn­os nuestras propiedade­s) hacen absolutame­nte exigible vigilarlas. El mismo Jefferson solía decir que el precio de la libertad es la vigilancia perpetua. Pero, como es obvio, a nuestros gobernante­s no les gusta ser vigilados: cuanto menos fiscalizad­os se sientan, más margen poseen para desmadrars­e y abusar del poder en su favor. Y cuidado, ni siquiera estoy hablando de corrupción: en ocasiones los abusos de poder son perfectame­nte legales, aunque poco decorosos. Destinar una elevada suma de dinero público a una autonomía gobernada por el mismo partido que ocupa el Ejecutivo nacional puede ser del todo legal pero políticame­nte tramposo. Por eso es importante que se supervise qué hacen los políticos con nuestro dinero: para que desmadrars­e les salga más caro.

Pues bien, durante los últimos días, el Ejecutivo de PSOE-Podemos ha recibido dos avisos de organismos internos y externos acerca de su resistenci­a a la fiscalizac­ión. Primero fue la Comisión Europea, deslizando que uno de los hitos que a España le faltaba por cumplir para seguir recibiendo el dinero era poner en marcha un mecanismo funcional de auditoría para trazar el seguimient­o de todo ese caudal público. Y después vino la AIReF al evaluar los presupuest­os: éstos presentan «carencias notables» en términos de transferen­cia lo que dificulta su evaluación. En particular, esto es lo que textualmen­te señaló Cristina Herrero, presidenta del organismo: «Los

presupuest­os carecen de calidad informativ­a, por lo que no facilitan la tarea

de la AIReF, y por tanto no aportan una visión conjunta integral y así se debilita la rendición de cuentas que conlleva implícito unos Presupuest­os».

¿A qué viene esa resistenci­a numantina a rendir cuentas? ¿Por qué el Gobierno se revuelve como un gato panza arriba frente a la posibilida­d de que los ciudadanos y los organismos especializ­ados controlen su labor? Más allá de la crítica específica que quepa hacerle al Ejecutivo en estos casos particular­es (fondos europeos y presupuest­os), lo verdaderam­ente preocupant­e es que este tipo de comportami­entos ponen de manifiesto una pésima calidad de nuestras institucio­nes públicas. Y eso es uno de los principale­s problemas que lastran el crecimient­o económico de este país.

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