Fondos Europeos: una apuesta de futuro
Los contratos de obra pública se disparan y aumentan las licitaciones impulsadas por las ayudas de Bruselas, pero la inflación y la burocracia amenazan su ejecución
ElEl paso adelante que necesitan las infraestructuras en España han encontrado, pese a la crisis energética y una inflación disparada, un motivo para la esperanza en la llegada de los Fondos Europeos. La Comisión Europea, con el fin de impulsar una rápida recuperación económica y social tras la crisis del coronavirus, lanzó los Next Generation UE cargados de 750.000 millones de euros en ayudas, repartidos repartidos por todos los estados miembros, de los que España recibiría 140.000 –70.000 en forma de préstamo–. Para acceder a estos fondos era imprescindible presentar ante Bruselas un plan nacional de recuperación, que incluye un amplísimo abanico de medidas, inversiones y reformas, y en el que las infraestructuras cuentan con su propio espacio: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
A día de hoy, se han desbloqueado desbloqueado 77.234 millones de euros, de los cuales, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) se encarga de gestionar 16.723 millones (el 21% de los fondos). De estos, 7.693 millones serán de inversión directa, 6.420 millones se transferirán a las comunidades autónomas y 2.700 millones por convocatorias gestionadas por el MITMA. Sus responsables harán hincapié en garantizar la puntualidad del Cercanías, impulsar la red de mercancías y financiar proyectos de digitalización y sostenibilidad. «Tenemos la segunda red de tren de alta velocidad más importante del mundo», recuerda Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Por ello, la mayor parte del dinero destinado a movilidad se invertirá en Adif (5,966,6 M€), seguido por la Dirección General de Carreteras (858 M€), Puertos del Estado (463 M€), Renfe (118 M€) y Enaire (107 M€). «Debemos completar las infraestructuras ferroviarias adaptándolas para mejorar el tráfico. Por otro lado, las más urgentes, las relacionadas con la depuración y abastecimiento de agua para evitar nuevas sanciones de la Comisión Europea», explica.
Sin embargo, pese a ser partidas de envergadura, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, resalta que la inversión de España en infraestructuras de obra civil en comparación con otros países deja mucho que desear: «Sin contar la rehabilitación, representa el 10,2% de los fondos, mientras que en Italia, por ejemplo, más del 50% de las ayudas se invierten en infraestructuras de cualquier tipo».
La euforia inicial ante la llegada del maná europeo ha disparado los contratos de obra pública estos últimos meses debido, en parte también, a las elecciones el próximo año. La Plataforma de Contratación del Sector Público (Place)
destaca la alta contratación registrada el primer semestre del año: se han licitado más de 50.000 procedimientos y adjudicado casi 52.000, lo que supone un aumento del 15,2% y 13,1%, respectivamente, en comparación con 2021. Un plan positivo a priori, pero en el que las constructoras han encontrado importantes baches para llevarlo a cabo.
El incremento del precio de las materias primas ha paralizado gran parte de las licitaciones, dando lugar a contratos desiertos, es decir, se acepta el proyecto pero éste no cuenta con una empresa que lo ponga en marcha. Según un estudio de la Confederación Nacional de Construcción (CNC), el número de licitaciones desiertas entre enero y septiembre de 2022 alcanza las 1.455, impidiendo iniciar obras por importe de 652 millones de euros. Una cifra que su presidente, Pedro Fernández Alén, define como «una auténtica desgracia para las empresas constructoras». Esto, además, pone en riesgo la viabilidad de los Fondos Europeos al no poder cumplir el plan previsto: si no se encuentra una solución, se perderán ayudas, muchas empresas echarán el cierre y esto se traducirá en pérdida de empleo.
El antiguo hospital El Carmen en Ciudad Real, la plataforma intermodal ferroviaria de Salamanca, la renovación del trayecto San Pablo-Almoraima de la línea Bobadilla-Algeciras en Andalucía o la ampliación del campus de la Universidad Miguel Hernández en Elche son algunos de los proyectos paralizados por estas razones.
Una de las posibles soluciones que podrían acabar con este desajuste sería revisar los contratos, asegura Miguel Ángel Carrillo: «También se deben actualizar, a precio de mercado, las bases que se emplean a la hora de desarrollar los proyectos constructivos», asegura. Aun así, parece «difícil prever si los precios volverán a los que había antes de la pandemia, puesto que la incertidumbre y la volatilidad son las características de nuestros tiempos», añade Fernández Alén. Por su parte, Carrillo cree que los costes «seguirán aumentando» y urge una solución realista para que España no pierda este tren histórico para su transformación y desarrollo.