El PSOE reabre el choque con Podemos por la ley trans
► Finalmente enmiendan la autodeterminación de género y endurecen las condiciones para revertir un cambio de sexo
La autodeterminación de género reabrirá la confrontación entre PSOE y Unidas Podemos, socios en Moncloa. A pesar de que en el momento inicial, los socialistas renunciaron a enmendar este punto del proyecto de la ley trans para evitar tanto la división interna en su partido como con Unidas Podemos, ahora prevén limitar las condiciones en las que los menores de edad pueden solicitarla. Este punto era intocable para el Ministerio de Igualdad, proponente del anteproyecto de ley, y amenaza con convertirse en el núcleo de una nueva batalla en el Ejecutivo de coalición y con levantar a buena parte de los colectivos trans.
El Grupo Parlamentario Socialista prevé limitar la autodeterminación de género en menores de 16 años con sus enmiendas parciales al proyecto de ley trans, según un documento de preenmiendas al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Será el lunes cuando estas estas enmiendas se oficialicen, al trabajar todavía el grupo socialista en esta norma, después de haber ampliado el plazo para presentarlas hasta en tres ocasiones. Son hasta 17 enmiendas preliminares las que ya ha estudiado el PSOE. Concretamente, la dedicada a la autodeterminación se refiere al artículo 38 de la ley trans, en su apartado 2, en el que se regula que las personas menores de 16 años y mayores de 14 años podrán presentar la solicitud (de cambio de sexo) por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. Ahora, si se acepta la preenmienda del PSOE, se endurecen las condiciones para tal fin. Necesitarán la autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo entre los mayores de doce años y menores de 16. Según reza el articulado, «las personas menores de 16 años y mayores de doce podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria». Ante este punto, la Plataforma Trans y la exdiputada socialista Carla Antonelli mostraron ayer su rechazo. «¿Qué necesidad hay de romper las palabras dadas, de volver a la casilla de salida?», se preguntaron.
Otra de las modificaciones de los socialistas, que busca dar «mayor seguridad jurídica a la norma», es el cambio de reversibilidad, es decir, de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas. Según la norma que emana del Ministerio de Igualdad, en su artículo 42 se explica que, tras seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, quienes quieran recuperarla lo podrán hacer a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral. Sin embargo, según la preenmienda del PSOE, quienes quieran volver a su mención de sexo registral inicial deberán obtener aprobación judicial. Los colectivos críticos creen que con este cambio se pretende «sembrar una sombra de sospecha» sobre las personas trans al querer endurecer la reversibilidad del cambio.
Otro de los puntos a modificar para el PSOE es el artículo 65, en el que se equipara la violencia de género a otro tipo de violencias, como la intrafamiliar. La norma elaborada por Igualdad exigía que en caso de que las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar o de la pareja, esta se tratará como un caso de violencia machista. El PSOE lo rechaza, pero acepta medidas especiales para personas LGTBI que hayan sufrido este tipo de violencia.
Desde el Ministerio de Igualdad han evitado las reacciones y han preferido optar por la cautela hasta que el PSOE registre las enmiendas finales. Ponen, eso sí, por encima de todo su exigencia de pactar un calendario con fecha límite del 18 de noviembre para la ponencia de la ley. El objetivo es que la norma reciba el «ok» final antes de que acabe el año y para los morados los plazos ya se están apurando. Además, repiten que no permitirán «ningún recorte en la ley».
Igualdad guarda cautela y pide pactar un calendario para evitar que la norma se demore hasta 2023