Anticorrupción pide al PDeCAT tres millones por el «caso 3%»
► La Fiscalía acusa a 30 políticos y empresarios catalanes de organización criminal por amañar contratos hasta 2015
La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer penas de hasta 21 años de cárcel a 30 acusados en el «caso del 3%» por delitos que van desde la organización criminal, pasando por el blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El Ministerio Público envió el escrito de acusación de esta causa a la Audiencia Nacional en el que recoge cómo funcionaba todo el entramado formado por políticos de la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC) y empresarios catalanes afines que crearon entre 2008 y 2015 una red de amaños de adjudicaciones públicas para terminar desviando dinero a las arcas de la formación. Por ello, solicita al PDeCAT como sus herederos una multa de tres millones de euros. En total, según los cálculos del Ministerio Público, el monto de las licitaciones comprometidas son un total de 218 millones de euros.
En el escrito, Anticorrupción señala como uno de los cabecillas de la trama de corrupción a Germá Godó, exsecretario de Gobierno de la Generalitat y exconsejero de Justicia, para quien pide 18 años y 10 meses de cárcel y una multa de más de 3 millones y medio de euros. «El servicio que se ofrecía por los directivos de CDC acusados era influir decisivamente en cualquier persona que, dentro de su ámbito político o de partido, tuviere capacidad decisoria en los concursos públicos», dice el Ministerio Público.
Gordó llevaba el «control y seguimiento» de las licitaciones públicas bajo la esfera del poder de en ayuntamientos, diputaciones, municipios y organismos dependientes de la Generalitat. Así, todos los miembros de esta organización que incluye a numerosos empresarios catalanes buscaban «subvertir las reglas de competencia del mercado y usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una ‘financiación ilegal’ para el mismo».
El patrón de actuación, según dibuja el fiscal, consistía en controlar la información antes de sacar una licitación desde el despacho del tesorero de CDC, el acusado, Andreu Viloca Serrano, quien fuera hombre de máxima confianza del expresident Artur Mas. El fiscal pide para él la pena más alta : 21 años y 4 meses de prisión. Su labor consistía en identificar a empresas conniventes con la corrupción a las que «dirigir» los concursos. La Fiscalía incluye en su escrito a 14 mercantiles a las que solicita en total 104 millones de euros en multas.
Y a todo esto se incluía «como complemento» pagos encubiertos, «bajo la apariencia de donaciones» que se hacían a través de fundaciones vinculadas al partido como fueron CatDem y Forum Barcelona. El exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de estas dos fundaciones, Daniel Osácar, también se enfrenta al banquillo de los acusados, si bien su pena es mucho más baja porque forma parte de los acusados que han colaborado en la investigación. Dice el fiscal que estas «donaciones» se hacían para mantener buena relación con el partido,
El fiscal pide la pena más alta, 21 años de cárcel, para la mano derecha de Mas
partido, y lograr mayores privilegios. «Para consagrar su pertenencia a la ‘familia’ que les permitiera exigir influencia en las autoridades de su partido en distintas Administraciones cuando llegara el momento de concurrir a distintas licitaciones». Según los cálculos de la Fiscalía solo entre 2008 y 2012 las dos fundaciones recibieron más de 9,5 millones de euros de los que 1,85 millones correspondían a «pagos ilícitos».
La extinta CDC blanqueó capitales de esta forma al menos desde 2008, señala Anticorrupción y el sistema fue «sustentado y ejecutado» principalmente por Gordó, Viloca, Francesc Xavier Sánchez Vera (responsable económico), para quien piden una pena no suCDC perior a dos años de cárcel y una multa de 479.000 euros; Carles Del Pozo (gerente y coordinador del área económica); a quien le imputan 14 años de cárcel y una multa de más de tres millones y medio de euros; y Anna Dolors Benítez (jefa económica y financiera del partido), que se enfrenta a 10 años de prisión y la misma multa.
Sobre el PDeCat, el fiscal sostiene que su creación en 2016 no fue «el nacimiento de un nuevo partido», sino una «mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente». Es por eso que piden al partido que ahora dirige David Bonvehí que se haga cargo de los delitos de su predecesor con una multa de tres millones de euros. Pero no es la más alta que solicita para las mercantiles, a varias constructoras como Grup Soler o COPISA le piden diez y 25 millones respectivamente.
La contundencia del escrito no deja atisbo de dudas: «Se trataba de una actuación sistemática para transformar ese dinero en ingresos para Convergència sin la mácula de su origen ilícito». Este escrito llega más de un año después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmase el procesamiento de CDC y del PDeCAT porque existían indicios suficientes en la instrucción que llevó el juez José de la Mata hasta 2020.