El déficit de la Seguridad Social, el 72% del agujero estatal de 2023

Una situación «más que preocupante» por el «creciente» uso que se hace de las transferencias del Estado para financiar gastos «impropios» de la Seguridad Social. Así define la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el alarmante estado de las cuentas de la Seguridad Social en su último análisis sobre sus finanzas públicas. El «think tank» empresarial muestra su disconformidad con que se recurra a las transferencias del Estado «para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y, por tanto, no deberían correr a cargo del Estado».

En su informe –dirigido por Miguel Ángel García, miembro de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos–, la fundación advierte de que estos trasvases suponen ya el 1,4% del PIB –eso serían casi 20.000 millones este año– y tienen el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, «ofreciendo una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones». Si se substrae esta partida de los ingresos del sistema, así como los ingresos del Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI) que van al fondo de reserva, el déficit real sería del 2,4% del PIB, lo que supondría el 72% del déficit total de los Presupuestos de 2023 que se están tramitando en el Congreso y el 60% del saldo negativo de todas las administraciones públicas.

Alerta además de la decisión de ligar las pensiones al IPC: «La llegada de un choque externo inesperado y abrupto que ha disparado un episodio de elevada inflación, ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta».