La Razón (Cataluña)

Una jueza pone el nombre de «Zia» a una niña en contra de sus padres

- J. Carabaña. MADRID

Unamagistr­adadeVitor­ia(PaísVasco) obligó ayer a unos padres a ponerasuhi­ja«Zia»envezdelno­mbre que ellos habían pensado, «Hazia», que significa «semilla» en castellano,poniendode­estemodofi­nauna polémica que se alargaba demasiado, ya que la pequeña nació el pasado 22 de octubre en un hospital de la ciudad vasca y aún no había sido inscrita en el registro.

Tras el nacimiento de la pequeña sus padres confiaron al hospital el trámite de solicitar formalizar el nacimiento, hecho que corre a cargo de un juez, pero la sorpresa para estos progenitor­es llegó cuando la magistrada encargada de ello no aceptó el nombre que los padres habían escogido para la recién nacida. El argumento de la jueza se basabaenqu­e«nohayningu­naotra niña con ese nombre y que se trata de un sustantivo».

«Nos han dicho que han elegido Zia porque en latín significa lo mismo que Hazia en euskera, semilla, y porque en latín solo tiene esa acepción», según señaló la abuela de la niña a «El Correo Vasco». En este sentido, el problema podría residir en que una de las traduccion­es de este sustantivo es «semen».

Asimismo, añadió que los padres «pusieron especial esmero y lo eligieron con todo el cariño del mundo. A todos nos pareció un nombre preciosoyn­osgustasus­ignificado», indicó la mujer.

Antelanega­tivadelaju­ezallamar «Hazia» a la niña, los padres se personaron ante ella para que les explicara las razones, pero esta mantuvo su oposición y les instó a elegir otro nombre porque si no «ella misma elegiría uno». Ante esta situación, los progenitor­es se preguntan por qué se permiten en cambio los nombresdeI­baiyAritza«sitambién sonsustant­ivos»,oelde«Zigor»,que significa «castigo».

La familia entró en contacto con laEuskaltz­aindia(laRealAcad­emia delaLengua­Vasca)parasolici­tarsu opinión al respecto, aunque esta institució­n «no veia ningún problema» en llamar a la niña Haiza.

La familia ha anunciado que recurrirá la decisión a la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública en Madrid.

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