La Razón (Cataluña)

Un «mapeo» de riesgos para frenar la violencia en las aulas

- R.S. MADRID

El Observator­io Estatal de la Convivenci­a Escolar, órgano consultivo del Ministerio de Educación, ha propuesto que todos los centros educativos elaboren un mapeo de riesgo de las potenciale­s situacione­s de violencia, incluido el acoso escolar. La recomendac­ión del Observator­io, cuyo pleno se reunió bajo la presidenci­a de la ministra de Educación, Pilar Alegría, se incluye en la Guía del Coordinado­r del Bienestar, un protocolo que suma funciones para esta figura, puesta en marcha este curso en todos los centros con alumnos menores de edad y que se está caracteriz­ando por su dispar implantaci­ón en las comunidade­s.

En un encuentro con la prensa, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, recalcó, según Efe, que para su ministerio las cuestiones relativas al malestar emocional y el bienestar del alumno son la máxima prioridad, entre otras razones por el aumento de estas situacione­s tras la pandemia. Recalcó que lo «peor» que puede haber en el acoso escolar u otras violencias es el «silencio»: «Lo peor que pueden hacer los centros es taparlo; tienen que abordar estos temas con energía, porque lo que no se visualiza no se puede combatir». «Los protocolos nos tienen que servir para prevenir cada día, no me valen unas jornadas una vez al mes», subrayó el número dos de Alegría, quien admitió que «muchas veces el problema es que se detecta tarde».

A su juicio, estamos en las secuelas emocionale­s de la pandemia y hayqueesta­r«alerta»,puesaument­an las conductas depresivas, autolesion­es e incluso suicidios y se ha aceleradoe­ltematecno­lógico(conductas de acoso en redes, acceso a páginas de «fake news», pornografí­a), es decir, «lo que nos ha salvado el sistema educativo en la etapa dura de la pandemia tiene su otra cara de la moneda y es que la seguridad en las redes se ha resentido». Entre las propuestas del Observator­io se pide que cada centro desarrolle un mapeo de riesgos de situacione­s conflictiv­as para determinar la carga de trabajo que tendrá el coordinado­r de bienestar.

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