El delito de sedición pasará a ser «desórdenes públicos agravados»
► Sánchez agiliza con una proposición de ley el trámite parlamentario y no contará con los órganos consultivos
El Gobierno quiere hacer bandera de su política de descongestión de la situación en Cataluña. Desde hace semanas, desde el Ejecutivo se reivindica que su llegada al poder ha supuesto un apaciguamiento de la tensión social y política catalana. Que la situación hoy es mucho mejor que en 2017. En esta línea de reivindicación, PSOE y Unidas Podemos presentarán «mañana mismo» en el Congreso una proposición de ley para avanzar en la comprometida reforma del delito de sedición y convertirlo en un delito delito de desórdenes públicos agravados con penas homologables al resto de democracias europeas. Así lo adelantó Pedro Sánchez en una entrevista anoche en Al Rojo Vivo de La Sexta, en la que defendió las decisiones «valientes y audaces» que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña, yenes e contexto justificó la proposición de ley que se presentará este viernes.
El anuncio se produce apenas dos semanas después de que las negociaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial saltaran por los aires por esta cuestión. Si bien en privado, el Gobierno aseguraba al principal partido de la oposición que esto no estaba sobre la mesa fue el propio Sánchez quien confirmó a Alberto Núñez Feijóo que avanzarían en la reforma.
La decisión de reformar el delito de sedición confirma la línea que el Gobierno emprendió con loslos líderes del« procés» y tendrá un coste político importante para el partido en el contexto electoral que sea breen municipios y autonomías de cara a 2023. Varios son los dirigentes autonómicos que reniegan de esta medida que, creen, proyecta una imagen de subordinación al independentismo.
Con este paso, Moncloa vuelve a recurrir a la proposición de ley para una reforma muy sensible. Al optar por esta vía no solo podrá agilizar la tramitación parlamentaria, sino que podrá sortear los informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el CGPJ.
Sánchez negó que la decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado y recordó que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. Pero en las últimas semanas dijo que ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición.
El presidente aseguró que la amnis amnis tía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española. «Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito», recalcó.
El presidente del Gobierno recordó el apoyo que dio al Ejecutivo de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución y llegó a defender que tendría que haberse aplicado el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión. A diferencia de lo que ocurría entonces y de esa situación «heredada», subrayó que hoy se cumple la Constitución en Cataluña, el independentismo ya no está entre las principales preocupaciones y la mayoría de la sociedad catalana es favorable a permanecer en España.
Ante la respuesta que dará el PP a la medida anunciada sobre la sedición, dijo que este partido solo pone «excusas» y es evidente con su actitud que «el virus del trumpismo y el bolsonarismo circula en España» y se «envenena la convivencia». «Estamos viendo declaraciones que se descalifican por sí solas», añadió en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque sin citarla.
Sánchez lamentó también que el PP no cumpla la Constitución y siga bloqueando la renovación del CGPJ, pero aseguró que, pese a ello, no va a cambiar las mayorías para elegir a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces «porque no solucionaría nada y se entraría en una dinámica muy parecida en la que está el PP».
El presidente había venido defendiendo desde el inicio de la legislatura una reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición, que llegan ahora hasta los quince años, y adecuarlas a las de otros países europeos. Sin embargo, había explicado que no presenta bala propuesta de reforma porque no contaba con apoyos suficientes para que saliera adelante, ya que un partido clave como ERC no había adelantado su respaldo. Ahora Sánchez ha decidido dar ese paso quince días después de que el PP rompiera las negociaciones para la renovación del CGPJ argumentando precisamente que el Ejecutivo renunciaba por escrito a su pretensión de reformar las penas para el delito de sedición. Pero el presidente dijo que el PP no podía poner condiciones para cumplir la Constitución y mantuvo su compromiso de modificación del Código Penal aunque sin poner fecha concreta.