La «sedición light» de Sánchez permite a ERC rehabilitar a Oriol Junqueras
► Un máximo de ocho años de inhabilitación y cinco de prisión, las principales claves de la reforma
La derogación de la sedición y su reemplazo por el delito de desórdenes públicos abre la puerta a la vuelta de Oriol Junqueras a la primera línea política. Pese a que aún son algunos los interrogantes que aparecen en el horizonte, también son varias las incógnitas que empiezan a despejarse en el terreno político: el nuevo delito agravado implicará un máximo de ocho años de inhabilitación y cinco de prisión. Una rebaja sustancial de las penas que conllevaría que los condenados del «procés» pudieran optar a cargos públicos a partir de 2025, teórico año de elecciones autonómicas en Cataluña. Es decir, Oriol Junqueras podría ser el candidato de ERC y Jordi Turull, el de Junts.
En concreto, la proposición de ley registrada ayer por PSOE y Podemos para modificar el Código Penal suprime el capítulo I del Título XXII, correspondiente al delito de sedición (artículos del 544 al 549), y modifica el artículo 557 que hace referencia a los desórdenes públicos. Este nuevo delito recogerá penas de entre seis meses y tres años de prisión para aquellos que actúen en grupo y, con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia e intimidación sobre las personas o las cosas, obstaculizando las vías públicas, o invadan instalaciones y edificios.
Si además de estas circunstancias actúan amparados en una «multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público», las penas irán de tres a cinco de prisión y una inhabilitación para cargo público por el mismo tiempo. Si son autoridades (como los miembros del Govern), la inhabilitación será por tiempo de seis a ocho años.
Con esta reforma, las penas máximas de prisión se quedarán en cinco años cuando hasta ahora podían alcanzar los 15. En la disposición transitoria segunda de la proposición de ley, queda recogida la revisión de las sentencias ya existentes para que se adapten a la nueva regulación del Código Penal. Es decir, para actualizar las actuales condenas de los nueve políticos independentistas del «procés» –con Oriol Junqueras a la cabeza– que pasaron por prisión y salieron gracias a los indultos. Una vez se apruebe esta reforma legislativa, serán los jueces jueces del Tribunal Supremo quienes decidan cómo se aplica y, por tanto, cuánto tiempo de inhabilitación les queda a los nueve condenados. Algunos de ellos están condenados también por malversación (inhabilitación de 6 a 10 años, como es el caso del propio Junqueras), un añadido que podría interferir y alargar algo más la inhabilitación. De no ser finalmente así, estarán inhabilitados hasta 2025 como máximo (ocho años en total).
En otro terreno se mueven los huidos de la justicia. La derogación del delito de sedición beneficiará a los ya condenados, pero también a los que están por regresar a España: Carles Puigdemont y Marta Rovira son los grandes nombres propios. Ambos pasarían a ser juzgados por el nuevo delito de desórdenes públicos y la rebaja de las penas podría facilitar que ninguno de los dos ingrese en prisión provisional como sí hicieron el resto de dirigentes antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Especialmente paradigmático es el caso de la secretaria general de ERC: está acusada únicamente por un delito de sedición y no de malversación –no era miembro del Govern en 2017, por lo que no se le puede imputar un presunto desvío de fondos públicos–, por lo que sería juzgada por desórdenes públicos con un tope máximo de cinco años de prisión.
A nivel meramente político, la reforma emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez supone un nuevo espaldarazo para Esquerra a corto y medio plazo: los republicanos logran rehabilitar la vía Oriol Junqueras, presidente, líder e ideólogo de la formación con un enorme tirón entre las bases, al tiempo que desactivan parte del relato de Puigdemont y la posibilidad –en gran medida– de que acabe en prisión preventiva como sí le ocurrió al resto.
De hecho, ERC ve validada su apuesta estratégica por el diálogo y la negociación con esta reforma, uno de los primeros trofeos que puede exhibir ante el independentismo y frente a la oleada de reproches de Junts. «No habría sido posible sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar con la represión», subrayan desde la formación que lidera Oriol Junqueras.
En el plano catalán, el partido de Junqueras y Aragonès logra allanar gran parte de la legislatura al haber despejado el terreno para justificar la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y con las cuentas catalanas pendientes de aprobar. Con Junts a la greña y la CUP en la oposición, ERC mantiene al PSC de Salvador Illa en la ronda de negociaciones para evitar una prórroga presupuestaria en plena crisis económica. Un escenario que dificultaría el camino en solitario del Govern de Pere Aragonès, con 2025 de nuevo en su horizonte electoral (autonómicas) y político.
El TS tendrá que revisar el caso de los condenados y decidir cuánto tiempo estarán apartados